Según informó a Servimedia un portavoz del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el titular de este departamento, Jesús Caldera, llevará este viernes, día 9, a la mesa del Consejo de Ministros el acuerdo firmado entre el Gobierno y los agentes sociales el pasado 9 de mayo.

El decreto incluirá el plan extraordinario de conversión de contratos temporales en indefinidos, que se extenderá del 1 de julio al 31 de diciembre, con ayudas de 2.400 euros para el empresario repartidas en tres años.

Con esta iniciativa, el Gobierno cree que conseguirá bajar la temporalidad en más de un 10%, situándola por debajo del 30%, frente al 33,3% actual. El Ejecutivo calcula que 400.000 temporales pasarán a ser fijos en la segunda mitad del año.

Además, la reforma incorpora una rebaja de cotizaciones a los empresarios por protección por desempleo y aportaciones al Fondo de Garantía Salarial, con un ahorro para las empresas de más de 1.290 millones de euros.

A esa cantidad se une la repercusión del sistema de bonificaciones a la contratación indefinida, que ronda los 3.000 millones de euros.

El acuerdo alcanzado entre Gobierno, patronal y sindicatos incluye iniciativas para evitar el encadenamiento de contratos, de forma que un trabajador que haya pasado 24 de los últimos 30 meses en una misma empresa con dos o más contratos será considerado indefinido.

También se busca frenar la cesión ilegal de trabajadores; aumentar los medios de la Inspección de Trabajo; mejorar el control sobre contratas y subcontratas, y mejorar el funcionamiento de las políticas activas de empleo.

Además, los nuevos contratos temporales serán más caros, tendrán una cotización por desempleo más alta, carecerán de bonificaciones, salvo casos excepcionales, como mujeres maltratadas y discapacitados, y estarán sometidos a un mayor control por parte de la Inspección de Trabajo.