Este estatuto lo prometió hace dos años la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, después de que la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI) exigiera al Gobierno, a través de diversas manifestaciones y actos de protesta, medidas para acabar con su "precariedad" laboral.

La norma prevé el acceso de estos científicos al régimen general de la Seguridad Social, s bien su ámbito de aplicación queda limitado a un concepto estricto de "becario de investigación". Será considerado como tal aquél que, además de otros requisitos, disfrute de una beca cuyo programa esté inscrito en un Registro de programas de becas de Tercer Ciclo e Investigación.

Serían los titulados universitarios en posesión del título de doctor o que tengan reconocida su suficiencia investigadora, y cuya beca se conceda para el desarrollo de actividades de formación y especialización científica otécnica.

El decreto, que deja fuera la protección por desempleo, menciona también los derechos de propiedad intelectual de propiedad industrial respecto de invenciones realizadas en los entes públicos de investigación. Entre los deberes del becario, destaca por su novedad la cotización a la Seguridad Social en los términos previstos en el decreto.

La entidad que otorgue la beca asumirá los derechos y obligaciones establecidos para los empresarios en el Régimen General de la Seguridad Social, y seá el sujeto responsable del cumplimiento de la obligación de cotizar al mismo y del ingreso tanto de las aportaciones propias como de las del becario.