Este real decreto incorpora al ordenamiento jurídico español dos directivas europeas que establecen normas comunes que garantizan los mismos criterios de calidad y seguridad en la Unión Europea en todo el proceso transfusional (desde el donante hasta el receptor).

El objetivo de estas directivas es asegurar que todos los Estados cumplan los requisitos mínimos de calidad en esta actividad sanitaria, lo que supondrá, según Sanidad, una armonización fundamental entre los países para la creación de una estructura transfusional comunitaria y para garantizar un mayor nivel de protección de la salud de los ciudadanos.

Así, se podrá autorizar, siempre que sea necesario, la libre circulación de productos destinados a la transfusión entre Estados miembros de la Unión Europea.

Concretamente, el decreto incluye, entre otras, medidas relativas a la donación y a los criterios de selección de donantes y referidas a los requisitos de la sangre y componentes sanguíneos.

La norma, además de incorporar las dos directivas comunitarias, refunde en un solo texto toda la normativa nacional vigente en materia de hemodonación.