En concreto, este decreto busca mejorar la eficacia en el cumplimiento de la obligación de la Administración General del Estado de contribuir al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia mediante el nivel mínimo de protección garantizado, para lo cual se introducen modificaciones técnicas en el procedimiento de gestión.

Este texto fue informado por el Consejo Territorial de la Dependencia del pasado 22 de diciembre y por el Consejo de Estado.