La denominada Ley del Fondo, aprobada en 1995, establece que éste deberá destinarse a la colaboración internacional en la lucha contra la droga; a programas de prevención de toxicomanías; a la asistencia a drogodependientes; a la investigación, persecución y represión de los delitos de tráfico de drogas y de los relacionados con el mismo; y a la obtención de pruebas y reembolso de los gastos que hubieran hecholos particulares o los servicios públicos en colaboración con los órganos competentes para la investigación de estos delitos.

La ley establece como beneficiarios del producto de estos bienes a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas; a las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales; a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; al Servicio de Vigilancia Aduanera; a la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas, y a los organismos públicosprivados y los internacionales que desarrollen programas concretos en esta materia.

La distribución del Fondo se realiza a propuesta de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, constituida por representantes de los ministerios de Hacienda, de Justicia y del Interior. Esta Mesa, en su reunión del pasado 23 de octubre de 2001, estableció los criterios para la distribución del Fondo para el año 2002, ahora aprobados por el Consejo de Ministros.

Así, el producto de los bienes, efectos e instruments decomisados (que no estén adscritos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o al Servicio de Vigilancia Aduanera) se destinarán a:

-Programas y actuaciones de lucha contra las drogas y el blanqueo de capitales dirigidos a la mejora de los sistemas de comunicación y transmisión de información, y el desarrollo y actualización de sistemas informáticos.

-Programas de prevención de toxicomanías, asistencia a drogodependientes e inserción social y laboral de los mismos. En particular, a proyetos de sensibilización y prevención, preferentemente en relación con nuevas sustancias y nuevos patrones de consumo y sobre las enfermedades transmisibles asociadas al consumo de drogas inyectadas.

-Además, habrá proyectos de intervención asistencial, social y laboral en relación con menores afectados o en situación de riesgo, con drogodependientes con problemas judiciales o internados e instituciones penitenciarias y con poblaciones de alto riesgo, así como a programas de formación y reciclaje de proesionales, voluntarios y mediadores sociales y, finalmente, a proyectos de investigación en materia de drogodependencias.