El ministro de Agricultura, Luis Atienza, justificó estas medidas ante la escasez de precipitaciones de este año y la limitada cantidad de agua acumulada por la sequía de años anteriores, que están afectando a los rendimientos de los agricultores.

Entre las medidas más destacadas, está la bonificación por parte de la Administración central de hsta seis puntos en los créditos solicitados por los agricultores, que podrán ser complementados con otros seis puntos de las comunidades autónomas, sobre una cantidad total a prestar de 125.000 millones de pesetas como máximo.

Además, los productores no tendrán que pagar el Impuesto de Actividades Económicas (IBI), con lo que ahorrarán 9.000 millones, y tendrán una reducción con carácter excepcional de los índices de rendimiento neto de la declaración de renta de 1995, con lo que el Estado dejará de igresar 15.000 millones.

Por su parte, los jornaleros no estarán obligados a presentar las 40 peonadas para cobrar el subsidio agrario, ya que se les asimilarán las jornadas que le falten, para lo que se destinará 12.500 millones. Otros 1.300 millones irán a apoyar a los seguros agrarios y 700 a inversiones de suministro de agua.

En el apartado de moratorias, está prevista la moratoria de pago por utilización del agua de riego (así como ayudas a las comunidades de regantes) y de las cuotas fijas ala Seguridad Social para los trabajadores por cuenta propia, lo que afecta a 150.000 agricultores.

El Ministerio de Agricultura también quiere adelantar el pago del 50 por ciento de las ayudas a cultivos herbáceos y primas ganaderas procedentes de la PAC (Política Agraria Común), lo que supondrá el anticipo de 150.000 millones, en el momento que las comunidades autónomas presenten la documentación correspondiente.

Tendrán acceso a las ayudas, las zonas que hayan sufrido unas pérdidas medias en lo cultivos o aprovechamientos ganaderos del 50% en secano, o en el regadío reducciones de agua superiores al 50%.

CRITICAS DEL SECTOR

Todas las organizaciones agrarias calificaron de "insuficientes" y "mal distribuidas" las ayudas habilitadas. Recordaron que es el cuarto año de sequía y se vuelve a incidir en los créditos subvencionados, cuando los agricultores ya están tan endeudados que las entidades financieras no van a concederlos.

La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) lo califió de "electoralista", ya que frente a unas pérdidas de ingresos de 500.000 millones por parte de los agricultores, la Administración destina escasamente un 4% para paliar estas pérdidas.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) aseguró que "los créditos y refinacianciones, tal y como se plantean en el decreto aprobado hoy, no son sino el alargamiento de una agonía segura".

La Confederación de Cooperativas Agrarias (CCAE) solicitó al Ministerio de Agricultura la articulción de ayudas directas para financiar parte de los gastos fijos de las cooperativas afectadas por la sequía, y una línea de créditos blandos para hacer frente a los intereses y amortizaciones de otros creditos que tengan vivos.

Por último, la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) considera que el decreto incide en los mismos errores que en años anteriores y no se determina el colectivo al que debe ir dirigido, sin tener en cuenta su nivel de renta.