ENEL está controlada por entidades o administraciones públicas, por lo que se le aplicará una disposición adicional, que se refiere a empresas participadas por capital público en sectores estratégicos. Concretamente, está participada al 68% por el Gobierno italiano, a través del Ministerio de Economía.

El pasadode octubre de 2001, ENEL notificó a la Secretaría de Estado de Economía, de Energía y de la PYME la adquisición del 100% del capital social de Electra de Viesgo, y el pasado 23 de octubre, el departamento que dirige José Folgado, acordó iniciar la instrucción del expediente correspondiente.

La Comisión Nacional de Energía (CNE), en su informe preceptivo de 28 de noviembre de 2001, estimó que, desde la perspectiva del equilibrio y buen funcionamiento de los mercados y sistemas energéticos, "esta operaión supone la aparición en el mercado eléctrico español de un nuevo operador verticalmente integrado e independiente que se suma a los cuatro grupos de mayor importancia existentes actualmente, y que ello reduce el grado de concentración del mercado eléctrico en su conjunto, así como la cuota individual del líder (el grupo Endesa), y mejora las condiciones estructurales de competencia y la rivalidad entre operadores".

Además, la CNE, tras analizar el sector eléctrico en Italia, concluye que, si bien l situación de la regulación de los sectores eléctricos español e italiano presenta una serie de asimetrías, fundamentalmente en relación con la estructura del sector y el desarrollo alcanzado por los mercados mayorista y minorista, los proyectos de desinversión y liberalización emprendidos en Italia tienden a reducir las diferencias existentes.

Con los argumentos esgrimidos por la CNE, el Consejo de Ministros decidió autorizar el ejercicio de los derechos políticos de Enel en Electra de Viesgo. Este auerdo atiende "a los principios de objetividad, reciprocidad, transparencia, equilibrio y buen funcionamiento de los mercados y sistemas energéticos".

Por otra parte, la Disposición Adicional establece que las entidades o personas de naturaleza pública y las entidades de cualquier naturaleza, participadas mayoritariamente o controladas en cualquier forma por entidades o administraciones públicas, que directa o indirectamente tomen el control o adquieran participaciones significativas de sociedades de mbito estatal que realicen actividades en los mercados energéticos, no podrán ejercer los derechos políticos correspondientes a dichas participaciones.

Esta prohibición no impide a la adquirente informar a la Secretaría de Estado de Economía, de Energía y de la PYME de la toma de control o adquisición que se haya efectuado indicando las características y condiciones de la misma.

En este supuesto, se instruirá un expediente en el que informará preceptivamente la Comisión Nacional de Energía, con e objeto de que el Consejo de Ministros resuelva reconocer o no el ejercicio de los derechos políticos correspondientes a las acciones adquiridas o someterlo a determinadas condiciones.