El proyecto contempla el derecho de los ciudadanos a conocer en todo momento el estado de tramitación de sus procedimientos administrativos, así como la identidad de los funcionarios responsables de éstos.

También prevé la posibilidad de usar cualquiera de las lenguas oficiales en España en el trato con la Administración, y el derecho a no presentar documentos no xigidos por las normas o que ya se encuentren en poder de los organismos competentes.

La normativa aprobada por el Ejecutivo permitirá asimismo a los ciudadanos acceder a los archivos y registros de la Administración.

En ese contexto, el proyecto establece un marco técnico para la agilización informática de la actividad administrativa, mediante la progresiva implantación de nuevas tecnologías.

Además, se revisan los recursos administrativos. A partir de la aprobación del proyecto por el Parlmento, quedarán suprimidos los recursos de alzada y reposición, configurándose en un procedimiento único.

TRANSPARENCIA

El titular de Administraciones Públicas, Juan Manuel Eguiagaray, explicó el proyecto en rueda de prensa, al término de la reunión del Consejo de Ministros.

Eguiagaray aseguró que el proyecto persigue instaurar una nueva cultura administrativa, con el fin de adaptar la Administración a los retos futuros del país y a las exigencias de los ciudadanos.

Dijo que el proyecto tine un carácter esencialmente "desregulador", ya que antepone el interés del ciudadano al "juridicismo formal de los trámites burocráticos".

"La transparencia de la gestión pública frente al hermetismo, la información frente a la represión, la actividad frente a la inactividad y la responsabilidad frente a la impunidad", subrayó.

El ministro aseguró que con este proyecto de ley, comienza la reforma legal del funcionamiento de la Administración más importante desde 1958.

Confió en que sindicats y fuerzas políticas respalden esa normativa y que no sea necesario excesivos debates, puesto que el principal objetivo que persigue es el mejor funcionamiento de la Administración, sin que intervengan aquí intereses partidistas.

Eguiagaray puso especial énfasis al señalar que el proyecto no es un mero catálogo de intenciones en lo relativo al capítulo de derechos del ciudadano, sino que pretende la ejecución efectiva de éstos en el tiempo más breve posible.