El 28 de diciembre de 2006 entró en vigor esta directiva y los estados miembros disponían de un plazo para su transposición de tres años, que finaliza el 28 de diciembre de 2009.

Una vez finalice el proceso de información pública, el Ejecutivo enviará el texto al Consejo de Estado para que emita su dictamen y posteriormente al Consejo Económico y Social (CES). Después se remitirá a las Cortes para su aprobación, que se espera se produzca antes de finalizar el año.

El Gobierno considera que la transposición de esta directiva es una difícil tarea, si bien será también una "gran oportunidad". Las actividades de servicios representan un 68% del PIB español.

El proceso de transposición constituye una ocasión única, según el Gobierno, para reducir trabas injustificadas o desproporcionadas al ejercicio de una actividad de servicios en determinados sectores, lo que incentivará la creación de empresas y contribuirá a la mejora de la regulación.

El Ejecutivo espera que de la mejora del marco regulatorio se deriven ganancias en eficiencia, productividad y empleo en los sectores implicados, además de un incremento de la variedad y calidad de los servicios disponibles para empresas y ciudadanos.

Este proceso permitirá además modernizar la legislación, incrementar la transparencia y llevar a cabo un importante programa de simplificación administrativa.

También persigue el refuerzo de los derechos y la protección de los usuarios de los servicios. En virtud de esta directiva, se garantiza que cualquier usuario de servicios tenga acceso a los servicios ofertados por cualquier prestador de la UE, en condiciones no discriminatorias y con total transparencia.