El texto legislativo, según explicó el ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, será remitido esta misma tarde al Congreso para su tramitación parlamentaria, con muy pocas novedades respecto a lo que ya se había anunciado con motivo de la negociación del Pacto Social y la presentación de los presupuestos. Los cambios introducidos por el Gobierno respecto a sus propuestas iniciales son consecuencia del informe emitido por el Consejo Económico y Social (CES) entorno a la reforma de la prestación de paro, en el que se pedía que la prestación no fuera en ningún caso inferior al subsidio.

Para corregir esta "posible injusticia", el Gobierno ha decidido que la prestación contributiva mínima sea del 100 por cien del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), cuando el perceptor tenga hijos a cargo, y del 75 po cien si carece de ellos.

El Gabinete ministerial ha decidido aceptar algunas sugerencias, como suavizar la incompatibilidad entre las indemnizaciones por despido y el cobro del subsidio, de manera que se adelanta en 20 días, respecto del periodo indemnizado, la fecha en la que se puede empezar a percibir el seguro de paro.

Además, ha incluido entre los posibles motivos de percepción de ayudas complementarias al subsidido de desempleo a los menores acogidos en la unidad familiar, y se ha recuperao la posibilidad de capitalizar todos los derechos de prestación en un sólo cobro para crear cooperativas y sociedades anónimas laborales, en cuyo caso sí será compatible toda la prestación con las indemnizaciones.

MEDIDAS FISCALES

Entre las ayudas fiscales aprobadas por el Gobierno, la que tendrá una aplicación potencial más extendida será la bonificación de un 95 por cien en el Impuesto de Sociedades durante 3 años, para todas las empresas que se creen en 1994 con una inversión mínima de 15 millons de pesetas a realizar antes de 1995 y cuya plantilla mínima oscile entre 3 y 20 trabajadores.

También destaca la posibilidad de deducir de la declaración de IVA las cantidades correspondientes a este tributo imputadas a clientes y morosos, con el fin de facilitar a las empresas la recuperación de ese dinero, y la supresión del pago del Impuesto de Bienes Imnuebles (IBI) para los centros docentes concertados.

MEJORA DE LA ADMINISTRACION

Respeto a las medidas que, según Rubalcaba, persiguen la ejora de la eficiencia en la Administración, el ministro resaltó todos los instrumentos legales de los que se dota el Estado para reasignar funcionarios de acuerdo con las necesidades de los diferentes servicios, y los incentivos para abandonar la función pública.

Entre estos últimos destaca la jubilación anticipada a los 60 años para los empleados públicos que lo soliciten y la reducción de la jornada para quienes lleguen a esta edad, la ampliación del periodo máximo de excedencia a 5 años y una apliación más racional de esta medida, y potenciar la promoción interna.