Así lo anunció la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, donde destacó que se trata de una medida “muy esperada por la ciudadanía y muy importante también para el Gobierno”.

Esta autoridad supondrá para los consumidores un mecanismo alternativo a la vía judicial en las controversias que puedan surgir con entidades financieras, que según recordó Calviño, es el sector que “más quejas recibe” y además está sujeto “a muy alta litigiosidad”.

La vicepresidenta explicó que la nueva autoridad será financiada por las propias entidades financieras, que deberán abonar 250 euros por cada reclamación que se presente.