Según detalló el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa en un comunicado, este anteproyecto de Ley se acompaña de dos reales decretos.

El paquete normativo incorpora al ordenamiento jurídico español diferentes directivas y reglamentos comunitarios y modifica normas nacionales a las nuevas necesidades del sector en el ámbito de la ciberseguridad, los criptoactivos, la tecnología de registros distribuidos, los sistemas de pagos, el espacio de pruebas para el sector financiero (‘sandbox’) y el acceso único a la información financiera y no financiera de las empresas.

El anteproyecto se ha elaborado en colaboración con el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, así como de otros organismos con un interés directo en la digitalización del sector financiero.

En el ámbito de la ciberseguridad, destacan dos medidas del anteproyecto de ley: la implementación del régimen sancionador aplicable a los incumplimientos del reglamento europeo sobre resiliencia operativa y digital (conocido como DORA) y el ajuste de las obligaciones de ciberresiliencia para operadores de sistemas de pagos, procesadores de pagos y esquemas de pagos. Aunque estas entidades no están sujetas al reglamento DORA, en España se decidió incluirlas en diciembre de 2023 para garantizar el buen funcionamiento del sistema de pagos.

En cuanto a los criptoactivos, también se incluyen en este proyecto los desarrollos necesarios para la aplicación del reglamento MiCA y toda la normativa europea sobre criptoactivos.

Con este objetivo se actualiza la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para garantizar su cumplimiento por las entidades que prestan servicios de criptoactivos.

Asimismo, se asegura que las entidades que venían prestando servicios de criptoactivos antes de la entrada en vigor del reglamento puedan seguir haciéndolo sin autorización hasta el 30 de diciembre de 2025 (plazo de 12 meses decidido en España, que acorta en seis meses el periodo transitorio de MiCA), a la vez que se acuerda el traspaso a la CNMV del registro de proveedores de determinados servicios de criptoactivos.

Además, la tecnología de registros distribuidos (DLT por sus siglas en inglés) no solo ha permitido el desarrollo de criptoactivos, sino que también posee un gran potencial para revolucionar los mercados de capitales ofreciendo importantes ventajas en términos de eficiencia. Uno de los reales decretos que acompañan al anteproyecto de ley contiene las previsiones necesarias para poder representar instrumentos financieros en DLT.

MEJORAS EN EL 'SANDBOX'

Por otro lado, esta ley incluye mejoras en el funcionamiento del ‘sandbox’ financiero español después de cuatro años en funcionamiento entre las que destacan que los promotores podrán presentar sus proyectos en cualquier momento del año y avanzar en la tramitación de la solicitud hasta que se decida su admisión y se promueve una mayor interacción entre promotores y supervisores. Asimismo. se reducen las cargas administrativas asociadas a participar en el ‘sandbox’.

En cuanto a los medios de pago, se adapta el ordenamiento jurídico al reglamento europeo de pagos instantáneos, de forma que nuevos actores, como las entidades de pago y entidades de dinero electrónico, puedan ser participantes directos de los sistemas de pagos (Iberpay), igualando así el terreno de juego para todos los participantes. Además, se propone al Banco de España como autoridad competente para supervisar que las administraciones públicas cumplen con la obligación de aceptar pagos procedentes de cuentas extranjeras.

Por último, se modifica la normativa financiera sectorial para adaptarla a la creación del Punto de Acceso Único Europeo (PAUE) y establecer, caso a caso, las condiciones técnicas que debe cumplir la información a enviar. Este repositorio común contribuirá a aumentar el conocimiento del mercado financiero y estandarizar la información.