Según informó el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, esta asignación económica figura en un real decreto, que costeará lo empleado en abogados de oficio y atención a víctimas durante 2023 y lo que va de 2024.

En total, la cuantía de las subvenciones a repartir en este ejercicio asciende a 54,38 millones de euros. El Ministerio destacó que esta partida económica contribuirá "a hacer efectivo el derecho a la tutela judicial efectiva, cuya garantía corresponde a los poderes públicos, y a garantizar el apoyo a todas las personas que hayan sido víctimas de delitos".

Los pagos se articularán, en lo que respecta a la prestación de asistencia jurídica gratuita, a través del Consejo General de la Abogacía Española, que recibirá 48,3 millones de euros –incluyendo 1,83 millones de euros para el abono de pagos pendientes de 2023–, y del Consejo General de Procuradores de España, con cinco millones de euros.

Por su parte, el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos recibirá un millón de euros para financiar las actuaciones de atención psicológica a víctimas de delitos.