Este decreto se enmarca dentro del Plan Hidrológico Nacional y parte de la base deque la antigüedad de la red de riego favorece el derroche de agua, por lo que plantea actuar sobre 20.000 hectáreas anualmente a partir de 1995, con una inversión de 250.000 pesetas por hectárea, para acabar remodelando la mitad de lasuperficie de regadío.

El coste de las actuaciones previstas correrá a cargo de los propios agricultores y de las comunidades de regantes, que tendrán la posibilidad de solicitar ayudas y subvenciones cofinanciadas por la Ministerio de Agricultura, hasta el 40 por ciento del total, y las comunidades autónomas.

Sin embargo, quedarán excluidas de estas ayudas las obras que produzcan aumento de superficie regada, o que afecten a explotaciones inferiores a las 500 hectáreas.

Asimismo, está previta una modificación del decreto en vigor, de 1991, sobre ayudas a la modernización de las explotaciones agrarias en las ayudas para la inversión en ahorro de aguas, recogido hasta ahora de forma individual, de forma que se primará la actuación de grupos de agricultores o comunidades de regantes.

La región más beneficiada por estas actuaciones será la Comunidad Valenciana, en la que está previsto que se actúe sobre 165.000 hectáreas, seguida de Aragón y Castilla y León, con 145.000 y 115.000 hectáreas espectivamente.

Según datos oficiales, el 80 por ciento del agua consumida en España se aplica al regadío. Actualmente, las redes de riego son "con frecuencia obsoletas y deterioradas", ya que las técnicas que se emplearon en su día para su elaboración son hoy superadas en cuanto impermeabilidad.

Además "el trazado de las redes ha evolucionado en función de las modificaciones de las propiedades a las que da servicio", con lo que el resultado suele ser una maraña de acequias y brazales que extiendn excesivamente la superficie, con lo que aumentan las fugas.