El órgano consultivo del Estado refutó las principales críticas de la oposición y los rectores tanto al contenido del texto como al proceso seguido por el Ejecutivo para su tramitación.

El dictamen sostiene que el anteproyecto respeta la autonomía universitaria y las competencias autónomicas y no contraviene ninguna norma en la regulación que plantea de aspectos que han sido muy controvertidos como la selección del profesorado, la composición de los consejos sociales o la convocatoriade un proceso electoral de nuevos claustros y rectores. El consejo también cree que el texto se ha debatido de manera suficiente con los principales colectivos afectados.

Acerca de la conveniencia de esta nueva ley, el Consejo de Estado considera "suficientemente justificada la oportunidad de aprobar una nueva regulación sobre la materia" que sustituya al antiguo texto de 1983, algo en lo que coinciden otros sectores sociales.

Con respecto a la autonomía universitaria, el informe del Consejo de Etado reconoce que dicha autonomía "se encuentra explícitamente reconocida en el artículo 2.2 del anteproyecto, de manera que, con carácter general, no puede considerarse -frente a lo afirmado en alguna ocasión durante la tramitación del anteproyecto- que éste infrinja el derecho a la autonomía universitaria".

En cuanto al reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas, estima "acertada" la cita a los títulos competenciales en que se ampara el anteproyecto. Además, según el Consejo, "ampoco merece objeción el anteproyecto desde la óptica del respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas, profusamente citadas a lo largo del texto".

Respecto a las universidades privadas, el Consejo de Estado constata la insuficiencia de la actual regulación y cree que "la referencia explícita a la personalidad jurídica de las Universidades privadas no merece en principio objeción".

Advierte, no obstante, de que sería precisa una mayor definición en algunos aspectos (como en el momentoen el que se accede a la personalidad jurídica o las concretas formas que adoptaría esta personalidad, si bien en este último aspecto considera que la previsión del anteproyecto no infringe la Constitución, pues ningún precepto de la Carta Magna impone la limitación a unas formas jurídicas u otras.

Por último, el Consejo de Estado considera que es jurídicamente correcta la elección de nuevos claustros y rectores. Plantea la hipótesis de sustituir el proceso constituyente por una mera adaptación de losestatutos. Del mismo modo, pide mayor atención en el articulado del anteproyecto a las enseñanzas virtuales y a distancia.

El dictamen emitido por el Consejo de Estado responde a una solicitud del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que entendió que, aun no siendo obligatoria en este caso la remisión del anteproyecto de ley de Universidades al Consejo de Estado, era conveniente recabar su opinión.