La única codición para realizar dichas reformas es que el arrendatario quedará obligado a reponer la vivienda en el estado anterior, al término del contrato, si así lo exige el propietario del inmueble.

De esta manera, la ley reconoce a las personas con minusvalías un derecho del que carecen el resto de los inquilinos, que no podrán realizar, sin permiso del propietario, "obras que modifiquen la configuración de la vivienda o de sus accesorios"

Por otra parte, el texto de la LAU que será sometido este mes aconsulta con las comunidades autónomas, las asociaciones de promotores y las organizaciones de consumidores, entre otros sectores, establece que la duración mínima de los contratos será de cuatro años.

La subida de la renta se realizará anualmente, tomando como referencia la última cifra de IPC publicada por el Instituto Nacional de Estadística. En los contratos de más de cuatro años, a partir del quinto la subida será la pactada entre las partes.

La ley establece que las fianzas cobradas por loscaseros para garantizar el pago de los alquileres no podrán exceder de dos mensualidades de renta, en el caso de los pisos amublados, y de una en los que no tengan muebles.

Los caseros podrán cargar a los inquilinos el pago de los gastos de comunidad, pero nunca podrán incrementar esa cantidad por encima del IPC de cada año. Los servicios individuales correrán siempre a cargo de los arrendatarios.

GASTOS DE CONSERVACION

Los gastos destinados a conservar la vivienda en las condiciones de habitablidad pactadas irán a cargo del propietario del piso, aunque las "pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda serán a cargo del arrendatario", según el texto del anteproyecto.

Por lo que se refiere a las viviendas de protección oficial, laduración de su régimen legal será de 25 años, pero no tendrán limitación de precio en segundas y posteriores transmisiones. Asimismo, los contratos de alquiler indefinidos efectuados con anterioridad al "decreto Boyer" seguirán en igor.

El MOPT asegura que el objetivo de esta ley es incrementar la oferta de viviendas en alquiler y moderar sus precios, "para que exista una alternativa idónea y efectiva a la vivienda en propiedad".