Mañana martes el Ejecutivo dará luz verde en el último Consejo de Ministros ordinario del año a las medidas que buscan rebajar la situación inflacionaria, que actualmente se sitúa en el 6,8% en España según el último dato de noviembre, e impactar positivamente en el crecimiento de la economía española para 2023, que varios centros de estudios y organismos oficiales sitúan algo por encima del 1%.

Entre las principales novedades, el Gobierno pondrá el foco en limitar la subida de los precios de los alimentos, actualmente el principal elemento inflacionario, con un incremento que se situó en el 15,3% en noviembre, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

A falta de una mayor concreción, fuentes de Hacienda indicaron a Servimedia que no había “nada decidido” sobre las propuestas. Públicamente, Montero ha rechazado el impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas de distribución que propone Podemos, apoyado por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, pero no ha hecho lo mismo con el cheque para la compra de 300 euros que también pide la formación morada.

Además, la responsable de Hacienda indicó la semana pasada en relación con el problema del precio de los alimentos que “siempre” ha sido “partidaria” de tomar “medidas dobles”, argumentando que es compatible aprobar iniciativas “especiales para vulnerables” en estos momentos de crisis y a la vez adoptar otras “globales” que alivien las consecuencias para el conjunto de la “clase media y trabajadora”.

La ministra puso de ejemplo la rebaja del IVA a la luz y al gas adoptadas anteriormente por el Ejecutivo, señalando que “fueron medidas que iban dirigidas al conjunto de los ciudadanos” e insistiendo en que es “de la opinión” de que “hay que poner en marcha” medidas “que se dirijan al conjunto de la clase media”. De esta manera, la ministra dio a entender que el Gobierno podría valorar una medida similar para el precio de los alimentos, puesto que en este ámbito es más complicado aplicar un techo a los precios como con el gas o un descuento universal como en los carburantes.

VIVIENDA Y TRANSPORTE

En materia de vivienda, el Gobierno aprobará la prórroga del límite del tope de incremento del precio de los alquileres, situado en un 2%, como parte de su acuerdo presupuestario con EH Bildu. Este fue uno de los acuerdos de los que la formación independentista vasca informó en noviembre para dar su ‘sí’ a las cuentas públicas del año 2023. Se trata de una las medidas que el Ejecutivo incluyó en el real decreto de marzo, aprobado pocas semanas después del comienzo de la guerra.

A esta medida, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, querría sumar la congelación de todos los alquileres, no solo de los que ya están en vigor, así como la garantía de desahucios con alternativa habitacional, como así anunció a principios de mes. No obstante, no ha habido ninguna recepción de la parte socialista del Ejecutivo a estas reclamaciones. En el caso de los desahucios, esta cuestión se encuentra también en disputa en la negociación de la atascada Ley de Vivienda.

En cuanto al transporte, el Ejecutivo ya anunció en la presentación de los presupuestos del 2023 que incluiría una partida de 660 millones de euros destinados a mantener la gratuidad de los servicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia que entraron en vigor el pasado mes de septiembre.

A ello se sumará la gratuidad de los autobuses públicos de líneas estatales, compromiso arrancado por el PDeCat al Gobierno durante la negociación presupuestaria y cuyo portavoz en el Congreso, Ferran Bel, cifró en un coste de unos 30 millones de euros.

En cambio, la gran incógnita en este sentido es el mantenimiento del descuento de 20 céntimos por litro de combustible que lleva vigente desde el mes de marzo. La ministra de Hacienda aseguró esta semana que todavía se seguía analizando la prórroga de esta medida, que se decidiría “en función de los precios mayoristas de la energía y del barril de petróleo”.

Una posibilidad es que el Ejecutivo decida prorrogar la medida, pero solo para el sector transportista, algo que consideran probable desde la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM). La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, dijo esta semana que la medida “no beneficia particularmente a los colectivos más vulnerables, no es progresiva y no incentiva justamente el ahorro energético”, apuntando en esa dirección.

MÁS MEDIDAS

En materia fiscal, el Gobierno accedió en septiembre a rebajar el IVA del gas del 21% al 5% a partir del mes de octubre, que se sumó a las ya aprobadas en los meses anteriores como la rebaja del IVA de la electricidad al 5%, la reducción al 0,5% del Impuesto Especial a la Electricidad y la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica. El Gobierno no ha confirmado la prórroga de las rebajas fiscales, pero no ha habido ninguna declaración pública que indique que no vayan a continuar, al contrario que, por ejemplo, el descuento de los carburantes.

En relación con la crisis energética, el Gobierno sí que confirmó la prórroga hasta finales de 2023 el tope al incremento del coste de la materia prima de la tarifa de Último Recurso del gas hasta un máximo de 15%.

Por otro lado, también se mantendrá durante todo el año 2023 la subida extraordinaria del 15% de las pensiones no contributivas , en virtud de un acuerdo entre el Gobierno y Bildu durante la tramitación de los presupuestos.

Dicho pacto, en cambio, no aludía al Ingreso Mínimo Vital (IMV), por lo que, de momento, no se ha confirmado por parte del Ejecutivo si este instrumento de apoyo a familias vulnerables mantendrá también este alza del 15%. Con todo, además de la subida de este 15%, las pensiones no contributivas también se verán beneficiadas por la subida generalizada de las pensiones del 8,5% que se aplicará a todas las pensiones para el próximo ejercicio.

En materia de industria, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, aseguró esta semana que el Ejecutivo aprobará dentro del nuevo paquete de medidas anticrisis ayudas directas a las industrias gasintensivas, “que ahora están sufriendo de manera muy importante el incremento de precios, sobre todo del gas”.

Otras de las medidas que continúan en vigor hasta el próximo 31 de diciembre y que están pendientes de prórroga son la congelación del precio del butano y la prohibición de despedir en empresas beneficiarias de ayudas del Estado por el aumento de los costes energéticos.

IMPACTO DE LAS MEDIDAS

En sus últimas proyecciones macroeconómicas, el Banco de España situó su previsión de la tasa de inflación armonizada en el 4,9% para 2023, siete décimas menos que en su previsión anterior, por la prórroga de las medidas fiscales, mientras que estimó un crecimiento del PIB del 1,3% para el próximo ejercicio.

Concretamente, el organismo prevé la extensión de todas las medidas hasta el 31 de diciembre de 2023 con la excepción del tope al gas, cuyo funcionamiento está previsto hasta mayo de 2023, y del descuento a los carburantes, cuya prórroga no considera el Banco de España.

En sus escenarios alternativos, el organismo apuntó que si en vez de extenderse hasta finales de 2023, las medidas de apoyo contempladas solo se prorrogasen hasta finales del próximo mes de junio, la inflación media en 2023 sería 0,7 puntos mayor que en el escenario central, mientras que el avance del PIB sería 0,1 puntos menor.

Además, una hipotética extensión de la bonificación al precio de los carburantes hasta finales de 2023 reduciría en 0,6 puntos la inflación media en ese año, pero la elevaría en esa misma cuantía en 2024. En cambio, el impacto sobre el crecimiento del PIB sería de 0,1 puntos al alza en 2023 y de 0,1 puntos a la baja en 2024.