Solchaga respondió así a una interpelación presentada esta tarde en el Congreso por el CDS para pedir al ministro que explicara las razones que impiden la puesta en marcha de los planes de ahorro popular.

El responsable de Economía y Hacienda explicó que la voluntad del Gobierno no es retrasar el desarrollo reglamentario de los planes y su puesta en marcha, sino "hacerlo bien y evitar que los españoles vean aumentads sus gastos a través de una reducción de la recaudación".

El ministro explicó que el desarrollo de los planes de ahorro popular exige primero perfilar un régimen fiscal específico para ellos, garantizar que los beneficios fiscales serán disfrutados por los titulares directos y establecer un control del uso correcto de los fondos.

Aseguró que cuando estén resueltos estos aspectos y mejore la situación económica "podremos aprobarlos y desarrollarlos reglamentariamente" e insistió en que ponerlos e marcha "no es tan fácil si se quieren evitar errores".

Sobre esto último, puso el ejemplo de los fondos de inversión mobiliaria, cuyo pasivo dijo que asciende actualmente a unos seis billones de pesetas, con un coste fiscal inmediato de 100.000 millones.

Solchaga explicó que aunque el pasivo de estos fondos ha aumentado "extraordinariamente", la tasa de ahorro nacional no ha crecido. A su juicio, lo que ocurre es que se produce un efecto de recomposición de la cartera de los ahorradores hacia lo fondos con un tratamiento fiscal favorable.

"Creo en el ahorro privado", dijo, "pero tengo dudas sobre que los estímulos fiscales al ahorro privado tengan un efecto neto en el aumento del ahorro, mientras que no tengo duda de que sí repercuten negativamente en la recaudación".

También insistió en que hay que evitar que los planes de ahorro popular, que están dirigidos a captar el ahorro de las clases modestas, sean utilizados "abusivamente" por otros agentes por sus beneficios fiscales.

Solhaga calificó de "sospechoso" el interés de las compañías de seguros y bancos en que se pongan en marcha los planes de ahorro popular, lo que, a su juicio, "hace pensar que quizá los beneficios fiscales que deberían ir al ahorrador privado quiera apropiárselos el intermediario, como pasó con las cuentas de ahorro-vivienda".