Así lo defendieron en una rueda de prensa en la que, a este respecto, Rosell quiso “dejar claro” que las “diferentes interpretaciones” de la norma “no son entre el Gobierno o el Ministerio de Igualdad y las sentencias, son de las sentencias o los autos entre sí” y subrayó que, en todo caso, son los tribunales los que “están resolviendo de manera contradictoria” y que “la contradicción y la clara inseguridad jurídica es entre ellos”.

“Afortunadamente, el Estado de derecho tiene mecanismos para solventar esto, que son comunicaciones no caso por caso sino más generales, que pueden emitir tanto la Fiscalía General del Estado como la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, apostilló, convencida de que esta petición de rebaja de penas “puede causar una alarma, incluso un terror sexual y una clara inseguridad jurídica”, si bien dicha “alarma está descendiendo”, por lo que llamó a “no incrementarla ni echar más gasolina”.

A su juicio, la ciudadanía “está viendo, aunque se hable poco del resto del contenido de la ley, que hay diferentes criterios entre los distintos tribunales y que, obviamente, el tribunal superior en todos los órdenes jurisdiccionales y con jurisdicción en toda España, que es el Supremo, tendrá la última palabra si lo avoca a pleno”, si bien dijo “esperar” que “antes también haya un criterio uniforme y unificado de la Fiscalía General del Estado”.

“Estamos viendo algunas resoluciones con un automatismo exento del necesario análisis y comprensión del conjunto de la norma y, sobre todo, contradictorio entre sí, pero son muchas más las sentencias que no se están revisando que aquellas, poquísimas, que se han revisado”, reiteró, para lamentar que “estamos mirando al pasado, a las revisiones de sentencias ya firmes y a unas revisiones que no son firmes y sobre las en poquísimas semanas se pronunciará la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía de sala y el propio Tribunal Supremo”.

A su entender, "pueden causar una alarma, incluso un terror sexual y una clara inseguridad jurídica, no solo los poquitos casos de revisiones a la baja, sino, sobre todo, el alarmismo mediático equiparando casos en los que hay un abogado que ya pidió en su día la absolución, que además fue un abogado que ejerce una defensa muy mediática y que ahora dice que va a pedir una revisión sin conocer ni siquiera que tenga unas mínimas posibilidades de prosperabilidad”, en referencia al abogado de uno de los condenados de ‘La Manada”.

Según su criterio, “flaco favor” se le hace a las “víctimas reales de violencias sexuales” cuando se “mezclan casos de revisiones de sentencias firmes, casos de apelación y casación y casos en que los abogados lo están intentando”, por lo que instó a "hacer un ejercicio de responsabilidad” y juzgó “muy lamentable estar creando ese miedo a mujeres que ya han conseguido su sentencia con la ley anterior y cuyos delitos, si se hubieran cometido a partir del 7 de octubre de 2022, hubieran tenido muchísima mejor respuesta punitiva e integral”.

Con todo, aseguró que esta ley, "lejos de ocasionar motivos de inseguridad a las mujeres, les da una seguridad, la seguridad de los derechos”. “No la seguridad de solo la cárcel, sino las penas para el agresor y los derechos para las víctimas y, con los derechos de las víctimas, los deberes de un Estado que cumple con su diligencia debida y está a la altura de todos los convenios internacionales y del referente que siempre ha sido España" en este ámbito, sentenció.

Para Rosell, el derecho penal “nunca ha servido para proteger los derechos de las mujeres”, a pesar de lo cual el Ejecutivo central “no desprecia el derecho penal”, sino que, a su entender, “lo ha mejorado muchísimo”, dado que, aunque “no han subido las penas, hay muchas más conductas y actuaciones que ahora son delito” gracias a la aprobación de la 'Ley del solo sí es sí'.

Tras reconocer “algunas consecuencias indeseadas y perfectamente corregibles de la aplicación automática de las penas”, urgió a “mirar al presente y futuro”, convencida de que “el mismo derecho que desprotegió a nuestras madres y a nuestras abuelas va a proteger muchísimo mejor a nosotras mismas y a nuestras hijas, como sucedió en 2004 con la Ley Integral contra la Violencia de Género”.

NOVEDADES DE LA LEY

En la misma línea, Rodríguez llamó a tener en cuenta “lo que es una novedad con esta norma y que verdaderamente protege a las víctimas”, que son, dijo, “todos los derechos que se despliegan para ellas”. “Una mujer que ha sido violada, independientemente de que su agresor termine yendo a la cárcel 14 o 16 años, que probablemente termine yendo más años con este nuevo Código Penal, lo que ahora mismo tiene son derechos tan fundamentales como asistencia psicológica garantizada 24 horas al día siete días a la semana”, ejemplificó, consciente de que “eso, para las mujeres, es reparación”.

“Puede que en algunos casos hubiera justicia y verdad para esas víctimas, pero, desde luego, lo que no ha habido en este país para las víctimas de violencia sexual es reparación y eso es lo que hace la Ley de libertad sexual”, defendió, para aseverar que se trata de una norma “que necesitan las mujeres de este país y que las va a proteger”.

Junto a ello, la secretaria de Estado afirmó que “parte del problema que existe con la violencia sexual en nuestro país es que los jueces tenían pocas herramientas para poder decir qué comportamientos eran punibles y sancionables”. “Esto, con esta propuesta cambia, porque hemos estirado aquellos comportamientos que ahora mismo merecen ser castigados y hemos afinado las estrategias para que esto sea posible”, abundó, para advertir de que el “debate ya no es si más o menos penas, sino un cambio en el esquema”, dado que las horquillas "se mantienen".

"El problema es que se cambia el esquema y, por tanto, la especialización necesaria, la mirada atenta y precisa que es necesaria para poder aplicar este nuevo esquema, que necesita ser mejorada”, apostilló, para añadir que “reconocer que, para aplicar este nuevo modelo del Código Penal, se requiere una especialización diferente no es nada negativo y es una obviedad”.

Para la secretaria de Estado, el “debate” está “en qué es lo que nos parece más grave y lo que nos parece más grave ahora mismo no es que una mujer se resistiera cuando la estaban intentando violar, sino que una mujer dijera que no y, aún así, hubiera una agresión sexual”. “Este es el elemento fundamental que cambia en nuestra propuesta del Código Penal y es donde creemos que se debe de centrar el debate y donde desgraciadamente no se está centrando”, lamentó.