El Ejecutivo andaluz considera que el decreto vulnera la Constitución e invade el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Según explicó hoy el consejero de Salud de la Junta, José Luis García Arboleya, la aplicación del decreto en una comunidad como Andalucía, con 7.246.000 habitantes, supondría que el número de farmacias pasará de las más 3.300 a un máximo de 2.568.

La aplicación deldecreto obligaría a la Administración autonómica a un proceso de amortización o cierre de farmacias y a la reducción de sus servicios a la población, sobre todo en zonas urbanas.

Arboleya adivirtió que "no existe ningún ciudadano de ninguna comunidad autónoma que pueda salir beneficiado por el decreto, porque reduce las posibilidades de expansión de las farmacias y el número de oficinas".

Por su parte, el consejero de Presidencia de la Junta, Gaspar Zarrías, que indicó que la semana pasada ya haba comunicado al ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, la posibilidad de presentar el recurso, advirtió que esta medida podría no ser la última.

"Cuando una norma invada las competencias de la Junta de Andalucía presentaremos nuevos recursos", afirmó y añadió a continuación que su comunidad no será la única que recurrirá el decreto de farmacia.

Sin embargo, el Gobierno andaluz ha descartado presentar otro recurso contra el decreto de nuevas fórmulas de gestión del sistema público d salud, que contempla la gestión privada de hospitales públicos.

A juicio de los servicios jurídicos de la Junta, el decreto es constitucional, aunque el juicio político que el Gobierno regional hace sobre él no deja de ser negativo.