Las modificaciones cuestionadas por el Gobierno que preside Manuel Chaves se refieen a las atribuciones que se otorgan al Estado en cuanto a la aprobación de los planes rectores de uso y gestión y al nombramiento de los directores-conservadores de los parques nacionales.

Respecto al primer asunto, el cambio de la normativa faculta a la Administración central para aprobar el Plan Rector de Uso y Gestión en el supuesto de que la Administración autonómica no lo haya hecho en el plazo de un año a partir del acuerdo de la comisión mixta correspondiente, lo que, a juicio del Gobierno andluz, invade las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre planificación de espacios naturales protegidos.

En igual vulneración se incurre, según el Ejecutivo autonómico, al establecer la adscripción del director-conservador al Organismo Autónomo Parque Nacionales, ya que, en el caso de Andalucía, es a la comunidad autónoma a quien corresponde decidir sobre las funciones de administración del espacio natural, de acuerdo con sus competencias sobre la gestión del mismo.

Segn el Gobierno andaluz, estos dos cambios de la ley estatal de espacios protegidos no se ajustan a la doctrina del Tribunal Constitucional, que en su sentencia 102/1995 considera la gestión de los parques nacionales como una competencia de varias comunidades autónomas, entre ellas Andalucía.

Las modificaciones normativas que la Junta va a recurrir están contenidas en la reciente ley de declaración del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia.