Dicha decisión es posible después del acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y el andaluz para el levantamiento del embargo que pesaba sobre esos terrenos.

El objetivo del Gobierno andaluz es buscar alternativas a la "grave crisis" económica que padece la zona tras el cese de la actividad de la explotación minera, provocado por el vertido tóxico.

Una vez construido el parque industrial, la primeraactuación será la instalación de empresas y la recolocación de los ex trabajadores de la mina.

El Gobierno central y la Junta de Andalucía firmarán para ello un calendario de implantación con las empresas, que contemplará apoyo a la inversión y ayudas de 6.000 euros por cada contrato indefinido que se realice.