Pascual, que inauguró en Sevilla un seminario sobre intercambio de energías organizado por el Banco Mundial, considera que la suspensión de pagos acordada, que incluye la extinción de los 732 puestos de trabajo, debe suponer una solución no traumática.

Agregó que el Gobierno andaluz no va a permitir una reducción drática de la actividad textil en la provincia y garantizó el mantenimiento del sector textil de Málaga, ya que la factoría puede ser rentable en condiciones distintas a las actuales, "no con ese pasivo que ahora acumula y más tras la sentencia del Tribunal Europeo". El consejero se comprometió a trabajar para mantener la actividad industrial de General Textil.

Por otra parte, los secretarios generales de UGT y CCOO en Andalucía, Juan Mendoza y Julio Ruiz, respectivamente, han solicitado hoy una reunión on el Ejecutivo de Manuel Chaves para abordar la situación de la factoría.

Mendoza y Ruiz reclaman un frente común entre la Junta y los sindicatos ante la Dirección General de Patrimonio para salvar la actividad industrial y mantener el mayor número de puestos de trabajo posibles.