Tanto Paula Molina como Serrano Checa habían solicitado su cese meses atrás a raíz de su implicación en el "caso Impiasa". El ya ex viceconsejero de Gobernación de la Junta fue imputado por la juez Pilar LLorente por dos presuntos delitos defalsedad de documento público e infracción de las normas de procedimiento administrativo en el sumario de Impiasa.

Impiasa es una empresa vinculada al lavado de la piedra, a la que la Junta de Andalucía contrató la asistencia técnica del seguimiento electoral en las pasadas elecciones autonómicas.

Según el portavoz del Gobierno andaluz, José Nevado, el cese obedece exclusivamente a razones personales y a su cansancio al frente del Departamento de Gobernación.

Nevado descartó que el cese fuer sugerido por el presidente Chaves. "Ha sido a petición propia", explicó, al tiempo que aseguró que "la Junta no ha decidido todavía quién sustituirá a Paula en el segundo cargo de la consejería".

"Si el cese hubiera tenido relación con Impiasa, se hubiera producido hace tiempo", dijo Nevado. "Ya habían manifestado hace meses su intención de dejar el cargo porque se encontraban cansados, pero no se ha producido el cese hasta que el consejero ha considerado el momento oportuno".

El cambio en la cosejería coincide con una reestructuración en el segundo escalafón de las consejerías de Asuntos Sociales, Obras Públicas, Presidencia y Gobernación.

A juicio de Nevado, con el nombramiento de los cuatro nuevos directores generales y el próximo viceconsejero de Gobernación, la Junta concluye los cambios en los servicios centrales de la Administración andaluza.

Por otra parte, el Consejo aprobó el proyecto de ley por el que se determina la incorporación de las declaraciones tributarias al registro e intereses y bienes de altos cargos de la Junta.

Según este proyecto, los altos cargos de la Administración andaluza deberán presentar su declaración de la renta y de bienes patrimoniales en el registro de intereses y bienes de la Consejería de Gobernación.

De esta forma, los altos cargos de Andalucía dispondrán de las mismas exigencias que las acordadas por el Parlamento andaluz para sus parlamentarios.