De esta forma, los ciudadanos que vivan en estas regiones podrán adquirir la energía a la misma tarifa que los consumidores peninsulares, libremente a través de los comercializadoreso bien a través de los precios de referencia del mercado.

El Real Decreto establece en los sistemas insulares y extrapeninsulares un modelo eléctrico que permita el desarrollo de las actividades en libre competencia, introduciendo por primera vez la posibilidad efectiva para los consumidores de disfrutar de las ventajas de la liberalización en condiciones equivalentes a los consumidores de la península.

La Ley del Sector Eléctrico establece la necesidad de que la regulación de las actividades elétricas en estos territorios sean objeto de una "reglamentación singular que atenderá a las especificidades derivadas de su ubicación territorial", previo acuerdo con las comunidades o ciudades autónomas afectadas.