Esta es una de las iniciativas del decreto-ley sobre medidas urgentes para reparar los efectos de la sequía aprobado hoy por el Gobierno. Los nuevos créditos para el PER intetan paliar los efectos negativos que para el empleo tiene la sequía.

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la ministra Rosa Conde aseguró que no ha habido razones electorales en la aprobación de estas medidas. "Hemos evaluado muy seriamente si aplazar la decisión o no, y nos ha parecido que no deberíamos hacerlo porque beneficia a una parte importante de España que ha sido duramente afectada por la sequía", explicó Conde.

La ministra señaló que "nadie sensato entendería que son medids que se adoptan por criterios electorales", al tiempo que aseguró que no hay razones para no ponerlas ahora en marcha. Conde agregó que aplazar la aprobación de estas medidas muchos meses sería muy perjudicial para las zonas afectadas por la sequía.

De los 11.300 millones de pesetas en nuevos créditos para el PER, 4.300 millones proceden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 5.000 del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y 2.000 millones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Socil.

Otra de las medidas va destinada a los parados del campo que no han trabajado las 60 peonadas necesarias para percibir el subsidio agrario. Estas personas podrán cobrar la prestación por desempleo aunque no hayan cotizado al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social todas las jornadas en los doce meses anteriores a su situación de paro.

El decreto-ley recoge también medidas de apoyo y la concesión de ayudas a las explotaciones situadas en zonas que hayan sufrido pérdidas medias superiore al 50 por ciento de la producción normal en secano y en aprovechamientos ganaderos, así como para las explotaciones que cuyas dotaciones de agua para los cultivos de regadío hayan descendido más de un 50 por ciento.

Entre estas medidas, figura el establecimiento de moratorias de un año a la amortización de los préstamos concedidos por la banca a las explotaciones afectadas por la sequía que venzan en los próximos doce meses, y unas ayudas de 1.700 millones de pesetas para construir puntos de suministo de agua en los municipios y para la adquisición de medios de transporte necesarios el abastecimiento de agua.

Además, se aplaza hasta 1994 el pago de la tarifa por utilización de agua correspondiente de los años 1992 y 1993 en las zonas afectadas por la sequía, y se condona el pago de las cuotas y recargos devengados del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, así como el pago de la cuota de 1993 por jornadas teóricas de la Seguridad Social a las explotaciones que han sufrido la sequía.