Ese coste incluye no sólo el salario de a los funcionarios de la Aministración Central sino el aumento de gasto que provoca el "efecto arrastre" en las transferencias que el Estado realiza a comunidades y ayuntamientos para el capítulo de personal.

El Ministerio para las Administraciones Públicas estima que el coste total resultante asciende a 45.000 millones de pesetas por punto de subida, lo que exigiría un desembolso de 157.500 millones para mantener el poder adquisitivo de los empleados públicos subiendo sus salarios un 3,5 por cien el año que viene.

A esterespecto, el secretario de Acción Sindical de UGT, Apolinar Rodríguez manifestó hoy a Servimedia su decepción por la persistencia del Gobierno en mantener la congelación salarial de los funcionarios en el Consejo de Ministros de ayer.

Rodríguez adelantó que los sindicatos se opondrán a que los empleados públicos logren un pequeño incremento retributivo a costa de reducir plantillas en la Administración, mediante la no sustitución de las bajas y jubilaciones, una posibilidad que baraja el Gobierno.

CEAR EMPLEO

A su juicio, eso choca frontalmente con la filosofía defendida por los sindicatos para el pacto social, que conciben básicamente como un acuerdo para impulsar la generación de empleo, y con la necesidad de preservar la calidad del servicio público.

UGT hará hincapié especialmente en defender "programas selectivos" de empleo para correos, enseñanza, sanidad y el Instituto Nacional de Empleo, "ya que este organismo no tiene personal suficiente para buscar trabajo a los parados".

El irigente ugetista recalcó que en España cobran del sector público 2.240.000 personas, por lo que su sindicato no puede aceptar una política de rentas que dé un trato discriminatorio a la cuarta parte de la población asalariada.

Además, señaló la contradicción de que la mayoría de las empresas públicas, que dan empleo a 280.000 personas, tienen ya firmadas subidas salariales para el año que viene, con el visto bueno de los gestores de la Administración.