La experiencia acumulada en los 14 meses de vigencia demuestra la conveniencia de realizar ciertas modificaciones que faciliten la gestión de la ayuda; algunas de ellas han sido solicitadas por las propias comunidades, señaló el Ejecutivo en la referencia del Consejo.

Uno de los aspectos fundamentales que han motivado el real decreto es la ampliación de las modalidades de pago admitidas. Desde la puesta en funcionamiento de la ayuda se estableció un sistema de control del pago del alquiler por el beneficiario basado en la transferencia bancaria que éste efectuaba al arrendador.

Con posterioridad, el Ministerio aceptó la modalidad del pago mediante cargo en cuenta, cuya diferencia es que no son las entidades de crédito las que lo ordenan, sino el gestor del alquiler, que lo cobra mediante recibo. Este real decreto desarrolla la alternativa del pago de alquileres mediante domiciliación de recibos por cargo en cuenta.

Las modificaciones introducidas también aclaran algunos términos cuya interpretación había generado dudas. Así sucede en relación con el de "fuente regular de ingresos" o con el momento en que se devenga la ayuda a quienes hubieran obtenido el reconocimiento provisional del derecho.

Igualmente, se introducen novedades en el plazo de solicitud de las ayudas para el aval y la fianza, y se establece un plazo máximo de tres meses desde la firma del contrato, salvo que las comunidades autónomas establezcan un plazo inferior.

CASI 100.000 PAGOS

Por otro lado, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, presentó hoy al Consejo de Ministros un análisis sobre la evolución de la Renta Básica de Emancipación desde su entrada en vigor en enero de 2008.

Desde entonces se han presentado más de 220.000 solicitudes presentadas, ha habido 155.000 resoluciones favorables de las comunidades y ciudades autónomas y se han ordenado casi 100.000 pagos. Los datos completos acumulados hasta el primer trimestre del año serán publicados a primeros de abril.

Según Vivienda, la diferencia entre resoluciones favorables y pagos obedece a la complejidad propia de la ayuda y a los exhaustivos controles establecidos para evitar errores y fraudes.

El Ministerio de Vivienda está adoptando una serie de medidas para agilizar más la gestión de los pagos, tales como el real decreto aprobado hoy, la modificación de los convenios con las entidades de crédito para facilitar la transmisión de información, el refuerzo de medios personales y tecnológicos o la mejora de la información presencial, telefónica y telemática a los interesados.