El departamento dirigido por Elma Saiz está celebrando encuentros quincenales con sindicatos y patronal para tratar esta cuestión, así como la reforma legal para dar un mayor peso a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la recuperación de los trabajadores con baja médica aquejados de enfermedades de origen traumatológico.

La propuesta inicial de Seguridad Social plantea regular el procedimiento general para el establecimiento de coeficientes reductores a fin de anticipar la edad de jubilación en función de los requerimientos físicos o psíquicos exigidos para su desempeño.

Ello, cuando en estas actividades se experimente un “elevado” índice de morbilidad o siniestralidad a partir de una determinada edad o que ocasionen secuelas que den lugar a elevados índices de morbilidad o mortalidad como consecuencia de contingencias profesionales.

En el texto se establecen indicadores objetivos para justificar dichas condiciones. En concreto, se propone tener en cuenta, entre otros factores, la incidencia, persistencia y duración de los procesos de baja laboral, así como las incapacidades permanentes o fallecimientos que se puedan causar.

Por otra parte, sobre las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, el texto pretende reforzar la implicación de las mismas en los procesos de recuperación de los trabajadores en casos de enfermedades traumatológicas.

ÚLTIMA REUNIÓN

Tras la última reunión, celebrada el 19 de febrero, la secretaria de Política Institucional de UGT, Cristina Estévez, aseguró que existe “bastante acuerdo” en la negociación de la reforma de los coeficientes reductores de la edad de jubilación en actividades peligrosas pero no en las marcadas por la penosidad por el esfuerzo físico y criticó que Seguridad Social está mostrando “cerrazón” en este sentido.

Estévez subrayó que “pronto” la edad legal de jubilación llegará a los 67 años pero “no todas las actividades pueden llegar a esa edad”. En este punto, anticipó que hay “bastante acuerdo” en la parte de actividades peligrosas pero “no así en las ratios de penosidad”, un aspecto en el que defendió que se establezcan “indicadores objetivos”, al igual que edades concretas.

Para Estévez, no puede naturalizarse lo que ocurre por ejemplo en el sector de la dependencia, donde hay “ancianas atendiendo a ancianas”. Además, denunció que facilitar coeficientes reductores por peligrosidad, que afectaría a actividades más masculinizadas, y a las actividades penosas aplicar jubilación parcial supondría “una desigualdad de trato inasumible”.

De esta manera, criticó que exista “cerrazón” por parte del Ministerio de Seguridad Social en esta materia y reconoció que se está dando “bastante controversia” en este aspecto de la jubilación anticipada por penosidad.

Por otro lado, Estévez señaló que en la cuestión de dar un mayor papel a las mutuas en la recuperación de los trabajadores en enfermedades de origen traumatológico hay puntos de consenso pero también de “grandes discrepancias”, porque mientras que los sindicatos defienden que solo se debe enfocar “exclusivamente” en ayudar a la recuperación de los empleados cuando esperan mucho para determinadas pruebas, la CEOE “va mucho más allá y pretende que se haga una transferencia de atribuciones” del médico de la sanidad pública al de las mutuas.

No obstante, mostró su deseo de que sean disensos “subsanables” porque el contenido en este sentido del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) rubricado el pasado año entre sindicatos y patronal “es muy claro”.