"Quienes emigran con el objetivo de trabajar y encontrar una nueva oportunidad para ellos y sus familias están contribuyendo al avance económico, al bienestar social y a construir una sociedad con mayor diversidad y riqueza cultural", añade el comunicado.

Manifiesta el Gobierno que "la integración de las personas inmigrantes debe realizarse en base a los principios de igualdad de trato y no discriminación, normalizando el acceso a los bienes y servicios educativos, sanitarios y sociales en las mismas condiciones que los ciudadanos y ciudadanas españolas y propiciando el ejercicio de sus obligaciones y su participación activa en la vida económica, social y cultural de España".

Además, "considera que es necesario avanzar en la garantía de derechos civiles y sociales que ha de ser una prioridad del Gobierno para los próximos años".

Destaca que el trabajo en materia de integración de las personas inmigrantes requiere un amplio consenso social y político y una responsabilidad compartida "no sólo de quienes están más directamente implicados: Administraciones públicas, agentes y organizaciones sociales, asociaciones de inmigrantes, sino también de la sociedad en su conjunto y de las personas inmigrantes".

El Ejecutivo reconoce que "para los servicios públicos, en todos los niveles y en los diferentes sectores, supone un reto importante gestionar la diversidad de sociedades plurales, propiciando la igualdad en el acceso a dichos servicios, su adecuación y suficiencia para dar respuesta a las necesidades de toda la población".

Por último, resalta que "en el actual contexto de desaceleración económica en el que los trabajadores inmigrantes pueden verse especialmente afectados por la situación de crisis, se hace necesario desarrollar mecanismos de formación continua y de reciclaje profesional que permitan una mejor adecuación a las necesidades del mercado de trabajo".