En la rueda de prensa posterior a la 22º Conferencia Sectorial de la Mujer, que tuvo lugar esta mañana en Madrid, la ministra hizo un primer balance de los tres primeros años de aplicación de la Ley Integral contra la violencia de género, que se cumplen este mes de junio.

Aunque Aído se felicitó de la existencia en España de 458 juzgados de violencia sobre la mujer (83 de ellos, exclusivos), aseguró "entender que es necesario una mejor redistribución de estos juzgados, un mayor número de ellos y que haya una redistribución adecuada en las distintas comunidades autónomas en función del número de denuncias y mujeres maltratadas".

En la reunión de la Conferencia Sectorial de esta mañana, la primera tras la creación del Ministerio de Igualdad, Aído trató con los responsables de esta materia de las comunidades autónomas sobre la propuesta para el cambio de nombre de la propia conferencia y presentó los datos provisionales del informe de evaluación de los tres años de Ley Integral.

La ministra celebró que, a lo largo de estos tres años, se han incrementado las ayudas a la inserción profesional de las mujeres víctimas de la violencia de género. Desde 2003, según indicó, son 1.313 los contratos bonificados para las empresas que han contratado a estas mujeres.

También afirmó que en 2008 casi 10.000 mujeres se han beneficiado de la renta activa de inserción; ha habido 89.545 sentencias, de las que el 71,9% fueron condenatorias; 94.133 mujeres disponen hoy de protección judicial; se cuenta con más de 1.800 efectivos policiales especializados en violencia de género, lo que supone un incremento del 149% en los últimos cuatro años, y se han adoptado medidas para la aplicación de la ley en 63 reuniones de Consejo de Ministros.

La ministra dijo también haber informado a las comunidades autónomas sobre la convocatoria de ayudas para la presentación de proyectos innovadores que garanticen una asistencia integral de las mujeres víctimas de la violencia de género.

También se refirió a la medida aprobada por el Parlamento catalán que prohíbe que los condenados por maltrato reciban herencias de sus víctimas.

Según apuntó Aído, el Código Civil ya establece que "son incapaces de suceder el que fuera condenado en juicio por haber atentado contra la vida de su cónyuge", mientras que la propia ley contra la violencia de género establece "la pérdida de la condición de beneficiario de pensión de viudedad para los condenados por sentencia firme de un delito de maltrato".

"En cualquier caso", prosiguió, "estamos estudiándolo junto al Ministerio de Justicia para ver si podemos dar un paso en este sentido".

PACTO DE ESTADO

También anunció la apertura de un plazo para que las comunidades presenten propuestas de cara a la próxima Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas sobre violencia de género, que se celebrará en septiembre y que, para la ministra, "debe sentar las bases para un gran Pacto de Estado" contra esta lacra. Los ejes de trabajo planteados serán justicia y seguridad, prevención y asistencia social a las víctimas.

"Se están dando pasos muy importantes, hemos trazado un camino hacia la igualdad, pero a veces por encima de las leyes están los usos, las costumbres, las inercias, y obviamente es imprescindible la implicación de la ciudadanía para una sociedad más igualitaria. No basta con aprobar leyes", añadió Aído.