Díez reconoció que, a finales de año, a España todavía le quedarán por trasponer a su legislación entre 10 y 15 directivas comunitarias, pero se mostró convencido de que el problema será solventado en las primeras semanas de 1993.

Sin embargo, la situación española es mejor que la de la mayoría de los socios comunitarios, ya que sólo Dinamarca, Francia y Portugal han plasmado en su ordenamiento jurídico un mayor número de directivas.

En el cao español, las que faltan hacen referencia al control de la compra y tenencia de armas, normas sobre productos farmacéuticos, sobre cuentas anuales de las empresas y sobre la protección jurídica de programas de ordenador.

No obstante, el ámbito con un mayor vacío legal es, con mucha diferencia, el relativo a la adaptación a los controles veterinarios y fitosanitarios, con trece directivas incumplidas, entre ellas las relativas a la protección de animales durante el transporte y la que fija los contenios máximos de residuos de plaguicidas en frutas y hortalizas.

Díez admitió que mientras no se cubra ese vacío legal, el Estado español está expuesto a la presentación de denuncias ante el Tribunal de Justicia de la CE por parte de quienes consideren que la normativa española conculca la comunitaria.

Agregó que esa posibilidad es muy remota y recalcó que, al 8 de diciembre de este año, España estaba en mejor situación que Bélgica, Alemania, Gran Bretaña, Holanda, Luxemburgo, Italia e Irlanda.

Bélgica es el menor cumplidor, con 44 directivas inaplicadas. Paradójicamente Dinamarca, el país más reacio a la continuación del proceso de unión europeo, es el más estricto en la aplicación de la normativa comunitaria, ya que sólo le falta por poner en vigor siete.

El mercado único será el resultado de aplicar 282 disposiciones conntenidas en el Libro Blanco elaborado por la Comisión Europea. De ellas 177 son directivas y el resto reglamentos, que son de aplicación directa y no precisan de la promulación de normas nacionales de adaptación.