Según informó hoy el Ejecutivo, el objeto de este acuerdo es dar cobertura jurídica al despliegue de fuerzas españolas en Cabo Verde en misiones de vigilancia conjunta de espacios marítimos bajo jurisdicción y soberanía de ese país, para combatir las diversas formas de delincuencia organizada contempladas, tanto en resoluciones de Naciones Unidas, como en Convenciones internacionales.

El texto determina las condiciones para la vigilancia y patrullaje conjuntos de los espacios marítimos bajo soberanía y jurisdicción de la parte caboverdiana, en el marco del respeto del Derecho Internacional; relaciona las modalidades de actividades de patrullaje conjunto; establece las formas de participación de ambos países; determina las condiciones de ejecución del patrullaje conjunto y establece la responsabilidad de las acciones de vigilancia.

También se establecen las disposiciones financieras aplicables a los equipos, materiales, avituallamiento, vehículos, etc, importados o exportados, para atender a las unidades aéreas o navales desplegadas en cumplimiento del citado acuerdo.