El precio del alquiler se modificará anualmente de acuerdo con un índice de carácter oficial, que el Gobierno todavía no ha decidido si será el IPC u otro distinto.

La derogación parcial del "deceto Boyer" forma parte de las líneas maestras de la política de vivienda aprobadas hoy por el Consejo de Ministros, de la que forma parte un plan para construir o financiar la adquisición de 460.000 viviendas entre 1991 y 1995.

El programa aprobado contiene doce medidas, cuya aplicación depende en gran medida de la colaboración de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, según reconoció la ministra portavoz, Rosa Conde, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El punto más dstacado del programa es la subsidiación de intereses en créditos para la compra de viviendas de protección oficial. Estos créditos serán del 5 por ciento para las familias con ingresos inferiores a los 1,5 millones de pesetas y de entre 7,5 y 11 por cien para las familias con ingresos comprendidos en esa cantidad y los 4,1 millones.

Los créditos se pondrán a disposición de las familias por medio de convenios entre la banca pública y privada y las administraciones públicas con competencias en materia d vivienda, es decir, el Gobierno central y los Gobiernos autónomos.

LOS QUE PAGARAN

El reparto del coste total de la subsidiación de intereses, que será de 300.000 millones de pesetas, dependerá de la negociación que con ese fin emprenderá el Gobierno central con los gobiernos autónomos que surjan de las elecciones del 26 de mayo.

Por otra parte, el Gobierno fomentará la constitución de un parque de vivienda social en alquiler, promovido a partir de suelo cedido por los Ayuntamientos. Además, audará a éstos y las comunidades autónomas a adquirir y expropiar suelo mediante una línea preferente de crédito en el Banco de Crédito Local.

El alquiler de viviendas será potenciado igualmente con la constitución de Fondos de Inversión Inmobiliaria para Alquiler, cuyo único objeto será la compra y arrendamiento de inmuebles. Los fondos así creados pagarán sólo un 1 por ciento en el Impuesto de Sociedades y estarán exentos del IVA y los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docmentados.

La ministra Rosa Conde expresó la confianza del Gobierno en que sea posible llegar a acuerdos con los Gobiernos autónomas para repartir el coste de este programa, y subrayó que la idea del Ejecutivo es ponerlo en marcha "lo antes posible", aunque no hay fecha fija.

Recordó, sin embargo, que, si hay comunidades autónomas o ayuntamientos que no deseen colaborar para ejecutar este plan, la Administración central carece de facultades para obligarles. Añadió que sería "muy extraño" que se dise ese supuesto, teniendo en cuenta el clamor popular existente en favor de una mejora del acceso a la vivienda.