Así lo aseguró en un diálogo organizado por la Fundación Alternativas en la que abordó la situación actual de la norma en el Congreso, así como otros elementos de la política de Vivienda del Ejecutivo.

Lucas afirmó que no se trata de un “problema” establecer un período u otro de tiempo sino de tener el “tiempo necesario” para que el índice sea “riguroso” pues se trata de una cuestión “técnica”. “Debemos tener el tiempo suficiente desde el punto de vista técnico para hacer un índice con garantías, solvente y que sea lo más justo posible” destacó.

En este sentido, recalcó que se ha elaborado un sistema de índices de precios de referencia del alquiler que “seguramente que uno de los más riguroso que hay en la Unión Europea”, elaborado en base a informaciones del Instituto Nacional de Estadística, distintos registros, pero “principalmente” de la agencia tributaria, con la dificultad de que los datos tributarios llegan “a año vencido”. Por este motivo, Lucas señaló que el objetivo es establecer otro sistema “compaginándolo con el ya existente” para obtener “datos más cercanos” en el tiempo.

Sobre la tramitación parlamentaria del texto, reconoció que existen tres temas sobre los que se ha generado más debate. El primer choque es sobre la declaración de una zona como área tensionada. Según Lucas, algunos grupos parlamentario requieren que se establezca un límite “referenciado” a un índice de medio de precios, mientras que su propuesta, aprobada en el anteproyecto, pasa por distinguir entre grandes tenedores, aquellas personas físicas o jurídicas que tienen más de 10 pisos (o más de 1.500 metros cuadrados reisdenciales, y pequeños propietarios. “No somos Austria ni Holanda donde la mayor parte del parque de vivienda en alquiler está en manos de grandes tenedores, aquí son solo el 15%”.

Así, la limitación sometida a un índice solo se aplicaría para los grandes tenedores y para los demás se establecerían tres medidas: la posibilidad de solicitar una prórroga por parte del inquilino mientras “dure” la zona tensionada para “mantener los precios”, la obligación de que si un inquilino deja de vivir en una vivienda el siguiente contrato esté “referenciado al anterior” y, para “motivar a los pequeños propietarios a alquilar a colectivos vulnerables como jóvenes o bajar los precios”, establecer bonificaciones fiscales no lineales de hasta el 90% en función de estas cuestiones. “No queremos que se produzca una desmotivación y esas viviendas de los pequeños propietarios se retiren del alquiler”, apuntó.

Además, resaltó que otro motivo para distinguir entre grandes y pequeños propietarios es que las viviendas de fondos de inversión “suelen ser homogéneas” mientras que el parque residencial de pequeños propietarios está “totalmente atomizado” por lo que en un mismo edificio puede haber dos viviendas “en un estado muy diferente”.

Preguntado por las comunidades que anunciaron que no declararían áreas tensionadas, entre las que se incluyen las gobernadas por el PP, Lucas no lo consideró un “boicot” ya que, si no lo utilizan “no lo creerán necesario”, pero resaltó que algunas comunidades “tendrán que dar explicaciones a sus ciudadanos”.

DESAHUCIOS Y COMPETENCIAS

Otro de los elementos que están atascando la ley es el tratamiento de la política de lanzamientos y desahucios. El responsable de Vivienda apuntó que algunas formaciones requieren que si existe una persona vulnerable económicamente en el hogar “no se podrá interponer una denuncia de desahucio si previamente no se le ha ofertado un alquiler social obligatorio”. Para Lucas, el problema está relacionado con “la falta de parques públicos de vivienda y hacer recaer eso en el propietario de la vivienda no parece más acertado”,

Por ello, el PSOE ha propuesto un proceso de mediación “previo a la denuncia” para llegar a un acuerdo previo entre el arrendador y el arrendatario con el que llegar a una “solución ocupacional”. De esta manera, la administración estará al tanto del problema y se tratará de un “mecanismo bastante eficaz para intentar evitar la demanda de desahucio”.

“Si tenemos en cuenta la propuesta de mediación y arbitraje, los mecanismos que nos hemos dotado conjuntamente en el Plan estatal de Vivienda y la acción previa a la demanda de desahucio estaríamos en una buena predisposición de encontrar soluciones”, subrayó.

Por último, la preocupación versaba sobre si la ley se “inmiscuía” en el marco competencial de las comunidades autónomas, que tiene las competencias en la materia. “Hemos hecho un gran esfuerzo de clarificación y el texto en las enmiendas transaccionales ha ido mejorando en ese aspecto”, subrayó.