Así lo anunció el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en rueda de prensa tras la reunión celebrada este lunes en el Ministerio con representantes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, donde señaló que son los propios interlocutores sociales los que han advertido a Trabajo de la “falta" de avances en la mesa bipartita. Por esta razón, aseguró que “ahora entendemos” que es la mesa con el Ministerio la que debe continuar con la tarea hasta "culminar" con un texto.

"A partir de ahora, la mesa se reunirá todas las semanas hasta que podamos alcanzar un acuerdo con los interlocutores sociales", adelantó Pérez Rey, quien explicó que todavía no se han presentado textos para dar más pie a la negociación bilateral.

“La mesa de diálogo social inicia ahora su velocidad de crucero, empieza a trabajar de manera muy exigente en el tiempo, con reuniones semanales”. Al respecto, subrayó que, “cuanto antes”, el Ministerio remitirá a las organizaciones sindicales y patronales una propuesta por escrito para que el próximo lunes los agentes sociales “puedan ya venir con un análisis” de ese texto, que “ya está elaborado desde hace mucho tiempo, pero que por respeto” todavía no ha trasladado a los negociadores para darles margen al diálogo. Y es que está previsto que el próximo encuentro se produzca el próximo lunes, a las 12.00 horas.

TALÓN DE AQUILES DEL TIEMPO

Preguntado por cuándo se cerrará la negociación, Pérez Rey evitó concretar fechas, pues “lo oportuno para alcanzar un acuerdo es no someter a nadie al talón de Aquiles del tiempo”. “Lo que sí le digo es que el Gobierno y el Ministerio de Trabajo tienen un interés superlativo en cerrar esto cuanto antes y eso lo vamos a hacer a base de esfuerzo y trabajo”, aclaró.

Ello se va a hacer, según el ‘número dos’ de Yolanda Díaz en el Ministerio, “a base de confeccionar inmediatamente el texto que vamos a remitir a los interlocutores sociales y lo vamos a hacer a base de todas las reuniones que sean necesarias, con la intensidad que sea necesaria”, porque el “horizonte” es “enviar a las Cortes Generales cuanto antes la reducción de la jornada laboral”.

“Y obviamente le mentiría si no le digo que trabajamos con la esperanza de que eso pueda hacerse antes de que nos vayamos de vacaciones, para que ya nos podamos ir de vacaciones precisamente con ese horizonte de la jornada reducida”, deslizó Pérez Rey.

Además, dijo que el objetivo de Trabajo es que haya una reducción real de la jornada laboral y que no sea algo "testimonial" o una situación "cosmética". Por ello, avisó de que "no solo se trata de reducir la jornada", sino de que la misma se cumpla, un ámbito en el que enmarcó el hecho de que se vaya a reformar la norma del registro de jornada para que el mismo sea digital y accesible para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS).

Igualmente, denunció que el fraude en las horas extra no solo perjudica a los propios empleados, sino a las empresas que cumplen las normas, porque es una “competencia desleal” que ”queremos desterrar para siempre”.

DISPUTA POR HORAS EXTRA

Precisamente, aunque no quiso entrar en detalles de las discrepancias existentes entre los agentes sociales, sí reconoció que uno de los mayores escollos es “si la reducción de jornada debe ir acompañada o no de algún tipo de compensación en el ámbito de la distribución irregular de la misma o en el ámbito del uso del trabajo de las horas extraordinarias”. Es decir, que la CEOE estaría planteando en la mesa reducir jornada a cambio de que se aumente el tope legal de horas extra.

“Yo creo que ahí seguramente hay disparidad de opiniones entre las organizaciones patronales y las sindicales, y desde luego tampoco puedo ocultar que es un elemento sensible para el Gobierno. Para nosotros también tiene muchas dificultades buscar elementos de compensación que pasen por incrementar las horas extraordinarias en nuestro país”, apuntó el secretario de Estado.

En su opinión, las horas extra en España no son “un remedio”, sino “una lacra” por el “abuso constante” que se hace y, en muchos casos, sin que ni siquiera se paguen al empleado.

De esta forma, reveló que la cuestión de las horas extra estará sobre la mesa, aunque advirtió: “El Gobierno descarta desde el inicio y tajantemente intercambiar jornada ordinaria por jornada extraordinaria. Ese intercambio para nosotros es imposible y no lo incorporaremos a la mesa”.

Por último, incidió en que Trabajo se va a “dejar la piel” para intentar llegar a un acuerdo tripartito, aunque señaló que, si no es posible, el Ejecutivo legislará, porque la reducción de la jornada es uno de sus compromisos esenciales. De hecho, proclamó que el Gobierno de coalición” debe pasar a la historia de las relaciones laborales” por reducir el tiempo de trabajo.

SINDICATOS

Por su parte, la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, sostuvo que la reducción de la jornada va en la línea de la “mejora de las condiciones de trabajo” que ya empezó a hacerse con la reforma laboral de 2021. Por ello, mostró su deseo de que la legislatura perdure en el tiempo y se puedan abordar otras cuestiones como la reforma de la regulación actual del despido o la mejora de los usos del tiempo.

Vicente apostó por seguir intentando alcanzar un acuerdo con la patronal, aunque precisó que, “sinceramente, no hemos llegado a cerrar ningún acuerdo con las organizaciones empresariales, ni total ni parcial”, por lo que ya no hay “mucho más margen” en la negociación bipartita sin el Gobierno.

En este punto, y como explicó Pérez Rey, detalló que el “punto de fricción” es el de la demanda de la parte empresarial de elevar las horas extraordinarias. Para la representante de CCOO, las horas que se realizan ya son “terriblemente abusivas” pues, aunque hay un tope legal de 80 al año, se hacen muchas más sin que se remuneren ni se coticen.

Por lo tanto, reivindicó que de “lo que se trata es de acotar las horas extraordinarias, de que haya un registro de jornada que, efectivamente, ponga freno a ese abuso indiscriminado que se produce en nuestro país” y añadió que “ampliar esos márgenes no nos lleva a ninguna solución”.

Así las cosas, Vicente reconoció que el acuerdo no es “fácil”, aunque abrió la puerta al optimismo al afirmar que en el pasado ya se han vivido “periodos muy convulsos y finalmente hemos podido llegar a un acuerdo”.

QUE SE PRONUNCIE

De su lado, el vicesecretario de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, también apostó por hacer lo posible por cerrar un acuerdo con la patronal, aunque le exigió que se “pronuncie” con claridad sobre si realmente lo ve posible pues, a su juicio, la negociación debe estar culminada antes de las vacaciones de verano. “Le digo a la patronal que se pronuncie, que diga si está a favor de reducir el tiempo de trabajo y que diga también qué necesidades tiene para que esto se haga de la mejor manera posible para las empresas y las personas trabajadoras”, apremió.

No obstante, expresó que otra “línea roja” de UGT es que hay que corregir las más de seis millones de horas extraordinarias en España y el elevado porcentaje que no se paga, para lo que demandó un “registro fiable” de la jornada de trabajo.

Con este fin, recordó que UGT ha presentado una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales para denunciar que el registro “no es fiable” y que las que se realizan no se pagan por encima de una hora ordinaria. A criterio del sindicato, deben tener por ley para las empresas un sobrecoste de al menos el 25%.

Al hilo, Luján destacó que la demanda ya ha sido admitida a trámite y que el Ejecutivo tiene hasta el 17 de julio para plantear su posición ante este Comité Europeo.

NEGOCIACIÓN DE MESES

Cabe recordar que el acuerdo del Gobierno de coalición incluyó para esta legislatura, a petición de Sumar, reducir la jornada laboral máxima de 40 horas semanales a 38,5 este año y a 37,5 en 2025. Este es el eje central de la mesa de diálogo que tiene abierta Trabajo con los agentes sociales, aunque también están negociando la reforma de la normativa sobre el registro de jornada, a fin de luchar contra el “fraude” de las horas extra no pagadas.

El propósito anunciado por Yolanda Díaz es que el control de jornada tenga que recogerse siempre en formato digital y, además, sea accesible en tiempo real para la Inspección de Trabajo.

La negociación comenzó con los primeros compases de este año pero, tras algunos encuentros en Trabajo, los sindicatos y la patronal pactaron negociar bilateralmente el modo en que se podía reducir la jornada, por si de ese modo era más sencillo cerrar un acuerdo en la mesa tripartita con el Gobierno.

El 30 de mayo, tras varios meses sin encuentros formales con Trabajo, volvió a desarrollarse una nueva reunión en el Ministerio, tras la que los agentes sociales volvieron a acordar tratar de forma bipartita medidas encaminadas, en esta ocasión, al refuerzo del control horario en las empresas. Y es este diálogo bipartito el que tanto Trabajo como los sindicatos indicaron este lunes que no da más frutos.

Además, Yolanda Díaz ya ha manifestado que quiere imprimir “velocidad de crucero” a esta negociación, una vez que acaba de cerrar un pacto tripartito para aprobar un real decreto para reforzar los derechos de las personas Lgtbi en el ámbito laboral y ahora que acaba de dimitir de su puesto de coordinadora de Sumar tras los “malos” resultados electorales de las elecciones europeas, ya que dijo que ahora se va a “volcar” por completo en su labor como ministra.

Tras la reunión de este lunes, fuentes de la CEOE únicamente explicaron que están a la espera del texto que remita Trabajo. Eso sí, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha afeado durante estos meses a Díaz que plantee una mesa de negociación en la que ya de antemano se conoce el resultado. “No es diálogo social, es monólogo social”, ha llegado a decir en varias ocasiones el líder de los empresarios españoles.