El documento resalta la importancia de que las entidades bancarias rechacen hacer negocios con gobiernos dictatoriales o empresas con actividades corruptas.

Sus autores también reclaman que se supriman las normativas que protegen el secreto de los paraísos fiscales, y se garantice que todos los países elaboran registros públicos "on line" completos de los beneficiarios reales de la propiedad de todas las empresas y sociedades que operan en ellos.

El informe cita un banco que tiene entre sus clientes al hijo del dictador de Guinea Ecuatorial, a pesar de que existen pruebas de que se ha apropiado de modo indebido de los beneficios de la explotación petrolera en su país.

Otra entidad habría facilitado las actividades de Charles Taylor, dictador de Liberia entre 1997 y 2003, al que actualmente se está juzgado en La Haya por crímenes de guerra.

El documento también se refiere a otro banco que habría ayudado al antiguo presidente de Turkmenistan a mantener los beneficios de las explotaciones de gas de su país bajo su control personal.

El informe añade que docenas de bancos internacionales habrían concedido préstamos avalados por petróleo a la empresa petrolera pública de Angola, que ha sido acusada de corrupción y tráfico de armamento.

"Las mismas normativas relajadas que han propiciado la crisis financiera también han posibilitado que los principales bancos del mundo contribuyan al saqueo de las riquezas y recursos naturales de los países más pobres", sostiene Gavin Hayman, director de campañas de Global Witness.

"Por ello, los gobiernos deben responsabilizarse de que el sector bancario deje de hacer negocios con dictadores corruptos y sus familias", añadió Hayman.