Así consta en un informe elaborado por Castresana y remitido ayer al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del "caso Gil", en el que se muestra partidario de revocar la administración judicial y sustituirla por la intervención.

En su escrito, el fiscal destaca que el trabajo realizado porLuis Manuel Rubí Blanc ha permitido "comprobar la existencia de prácticas reiteradas, realizadas por los administradores removidos, que son manifiestamente irregulares, cuando no indiciariamente delictivas".

Castresana considera que, gracias a Rubí, se han confirmado "la gravedad de las imputaciones y la solidez de los indicios acumulados" contra Jesús Gil, su hijo y el vicepresidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.

Por esta razón, el fiscal defendió ante el juez que no cabía devolver la dministración del Atlético de Madrid a los Gil "sin adoptar las precauciones necesarias en cuanto a la vigilancia de dicha gestión" mediante un interventor nombrado por el juez encargado del caso, Manuel García-Castellón, quien ayer decidió dar por concluido el trabajo de Rubí.

García-Castellón instruye el proceso iniciado con la querella presentada el pasado 27 de julio por la Fiscalía Anticorrupción contra Jesús Gil y otras seis personas más, a quienes acusa de haber cometido un presunto fraude de 9427 millones de pesetas.

El juez instructor del "caso Atlético" imputa a Jesús Gil, a su hijo Miguel Angel y al ex vicepresidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo, entre otros, los delitos continuados de estafa, apropiación indebida, otorgamiento de contratos simulados, falsedad en documento público y mercantil, y otros delitos societarios.