En el documento de 43 páginas, entregado el viernes al juez y hecho público hoy, se señala que "es necesario, tanto por motivos mercantiles como de estabilidad y viabilidad futura del club, llevar a cabo una ampliación de capital en el mismo".

Rubí sostiene en el texto que existen "evidencias e indicios racionales de que la situación de descapitalización en que se encuentra la entidad es debida a las prácticas irregulares de quienes han gestionado el clubcon anterioridad al 21 de diciembre de 1999", fecha en que se intervino el Atlético de Madrid.

El administrador judicial explica que esas prácticas irregulares incluyen "pagos por operaciones ficticias y cobros no reflejados en contabilidad en cuantías muy importantes".

Rubí añade, no obstante, que la viabilidad del club "está garantizada por su capacidad de generar ventas en el futuro, dada su imagen de marca, su proyección y la gran masa social que lo sustenta".

En su informe, Rubí hace reerencia, entre otras cosas, que los cuatro extranjeros que presuntamente fueron fichados por el Atlético de Madrid como si fuesen jugadores profesionales, cuando en realidad no lo eran: Maximiliano de Oliveira, Limamou Mbengue, Bernardo Matías Djana y Abass Muyiwa Lawal.

"A simple vista se observa que (estas cuatro personas) no tienen experiencia acreditada, no son internacionales, no tienen pasaparte de la Comunidad Europea, no fueron objeto de presentación en prensa y, después de varios años bajo ladisciplina del Club Atlético de Madrid S.A.D., siguen en categorías inferiores, incluso algunos de ellos han participado escasamente en competiciones oficiales", dice Rubí.

DURAS CRITICAS A LA PRENSA

En su informe, Rubí vierte duras críticas contra los medios de comunicación, a los que acusa de "falta de respeto y consideración" hacia la decisión de García-Castellón de decretar la administración judicial del Atlético de Madrid.

Rubí llega a decir en su informe que "algunos medios de prensa escrtos han tratado de desestabilizar las relaciones entre el nuevo entrenador de la primera plantilla, el señor Antic, y los jugadores integrantes de la misma".

Asimismo, les acusa de haber producido "graves intoxicaciones" en la opinión pública sobre el "caso Atlético" y de tratar de influir en las decisiones judiciales.

"Tales maquinaciones insidiosas y manipulaciones de la verdad no han tenido más objetivo que pretender burdamente influir en los órganos judiciales que deben adoptar las decisionescorrespondientes en relación con la situación de las sociedades administradas, en un intento evidente de hacer volver las cosas a la situación anterior al 22 de diciembre pasado", cuando se decretó la administración judicial del Atlético de Madrid.

MALESTAR

Fuentes cercanas al juzgado que dirige Manuel García-Castellón aseguran que se respira malestar por los términos de este informe y añadieron que el juez instructor del "caso Atlético" tomará esta semana una decisión, a raíz del escrito del adminitrador judicial del Atlético de Madrid.

García-Castellón instruye el proceso iniciado con la querella presentada el pasado 27 de julio por la Fiscalía Anticorrupción contra Jesús Gil y otras seis personas más, a quienes acusa de haber cometido un presunto fraude de 9.427 millones de pesetas.

El juez instructor del "caso Atlético" imputa a Jesús Gil, a su hijo Miguel Angel y al ex vicepresidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo, entre otros, los delitos continuados de estafa, apropiación indeida, otorgamiento de contratos simulados, falsedad en documento público y mercantil, y otros delitos societarios.