Gil-Robles hizo estas afirmaciones a la salida de su comparecencia ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Defensor del Peblo, en donde explicó el informe de la gestión de su departamento durante 1991 y desmintió un supuesto pacto con el Gobierno para no presentar recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Ciudadana.

En un momento de este debate, la portavoz de Izquierda Unida en la comisión, Cristina Almeida, se refirió al envío por parte del fiscal general, Eligio Hernández, de una circular a las fiscalías provinciales, en la que ordena que soliciten penas máximas para los insumisos.

Almeida opinóque una figura como el Defensor del Pueblo, que defiende derechos individuales de los ciudadanos, debe mediar (su asesoramiento no sería vinculante) para que Hernández corrija una decisión que suena a "venganza" del Estado contra quienes se niegan a cumplir la "mili" y la prestación social sustitutoria (PSS).

"Yo he dicho claramente (en la comisión) que no hago valoraciones políticas sobre decisiones de otros órganos constitucionales", fue lo único que declaró Gil-Robles al respecto cuando finalizó lacomisión.

A pesar de su negativa a efectuar valoraciones de otras instituciones, Gil-Robles recordó, en respuesta a otra pregunta, que en el caso de las escuchas telefónicas a Adolfo Suárez, en 1988, su departamento sí actuó ante la Fiscalía Provincial de Madrid.

Se produjo un asalto al despacho del entonces presidente del CDS y Gil-Robles investigó "de oficio" -según recordó hoy- las centrales telefónicas objeto del supuesto "pinchazo" y redactó unas recomendaciones que envió al Ministerio de Trnsportes, a la Telefónica, a la Fiscalía General del Estado, al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia.

El Defensor del Pueblo aseguró acto seguido que, con motivo de las escuchas a Julio Anguita y los últimos escándalos aparecidos en la prensa al respecto, ha preguntado a la Fiscalía "qué ha pasado con esas recomendaciones" efectuadas hace cuatro años.