En la presentación del Informe de 1990 de la Oficina del Defensor en el pleno de la Cámara Baja, Gil-Robles señaló que, transcurridos diez años desde que se creó esta institución y ocho de funcionamiento, "la experiencia y la práctica de est periodo permiten sugerir algunos cambios en aras de una mayor eficacia futura".

La reforma de la institución está prevista en una disposición transitoria de la ley orgánica de 1981 por la que se creó el Defensor del Pueblo.

Esta disposición señala que a los cinco años de entrada en vigor de la normativa, el responsable de la institución podrá proponer a las Cortes, y en informe razonado, aquellas modificaciones que considere necesarias.

Anunció que esta reforma, cuyo alcance no especificó, odría defenderse formalmente incluso antes de la presentación del próximo informe de la Oficina, correspondiente a 1991.

Gil-Robles señaló que los cambios que ahora propugna "eran díficiles de acometer en años anteriores, pero ahora son posibles atenderlos".

TENDENCIA A LA MEZCLA

Los portavoces del Partido Popular, CiU y Euskadiko Ezkerra respaldaron la propuesta del defensor, por considerar que las actuales competencias de la institución no permiten ejercer su tarea con plenas garantías de efiacia.

Alvaro Gil-Robles volvió a destacar, del Informe de 1990, las denuncias llegadas hasta la oficina por actuaciones irregulares de vigilantes jurados, el mal trato a ciudadanos extranjeros y el deficiente control de las bases informáticas del Estado.

El portavoz del PSOE, José María Mohedano, consideró que a pesar del rigor que tiene el informe, adolece de una "tendencia a la mezcla" entre las quejas presentadas y las sugerencias de la institución.

Rodrigo Rato, del PP, señaló que el texo revela los "males endémicos" de la Administración. A su juicio, los informes del Defensor del Pueblo corren el peligro de que, año tras año, se sometan al trámite parlamentario pertinente, sin que el Gobierno asuma sus reivindicaciones.

Rato puso especial énfasis en demandar una ampliación de los medios de que dispone el Defensor para hacer más eficaz su actividad.