Según dicho informe, el Atlético de Madrid no ha sido exonerado del pago a la Hacienda Pública de 2.392 millones de pesetas ni de la liquidación de 144 millones de pesetas a la Seguridad Social, como sostiene el fiscal del caso, Carlos Castresana.

Asimismo, los peritos sostienen que el Atlético de Marid saldó la deuda de 2.740 millones de pesetas que mantenía con Jesús Gil al fichar a cuatro jugadores extranjeros profesionales. Según el fiscal, no lo eran.

Según el fiscal, los jugadores fueron valorados por el Atlético de Madrid en 2.700 millones de pesetas más IVA, cuando en realidad pagó entre 290 y 1.000 millones por cada uno de ellos.

Asimismo, el informe defiende la legalidad de la asamblea general celebrada en septiembre de 1991, por la que se aprobaron las cuentas del Atlético de Madrd de ese año, así como de 1988, 1989 y 1990, y el reconocimiento de una deuda del club rojiblanco con Jesús Gil por valor de 1.986 millones de pesetas.

En cuanto a los socios minoritarios perjudicados, los peritos aseguran que el valor de sus acciones se habría multiplicado por ocho desde el año 1992 respecto a su coste de adquisición.

El informe ratificado hoy fue encargado por la defensa de Gil después de que quien fuera administrador judicial del Atlético de Madrid, Luis Rubí Blanc, presentaseotro que sostenía que el club rojiblanco se hallaba en situación de quiebra técnica y necesita llevar a cabo una ampliación de capital.

García-Castellón instruye el proceso iniciado con la querella presentada el pasado 27 de julio por la Fiscalía Anticorrupción contra Jesús Gil y otras seis personas más, a quienes acusa de haber cometido un presunto fraude de 9.427 millones de pesetas.

El juez instructor del "caso Atlético" imputa a Jesús Gil, a su hijo Miguel Angel y al ex vicepresidente del Atltico de Madrid Enrique Cerezo, entre otros, los delitos continuados de estafa, apropiación indebida, otorgamiento de contratos simulados, falsedad en documento público y mercantil y otros delitos societarios.