De esta forma, l juez Del Olmo opta por una de las dos soluciones que le había propuesto el interventor del Atlético de Madrid, Luis Romassanta, quien, en un informe remitido el pasado mes de abril, era partidario de levantar el control financiero del club rojiblanco o bien de atenuar la medida cautelar.

Para el magistrado, "no puede obviarse [...] que todo control judicial o supervisión de la Administración de Justicia sobre una entidad privada implica un elemento distorsionador de su normal funcionamiento y actuacón" y es necesario estudiar la proporcionalidad entre, en este caso, la intervención judicial, y los fines que se persiguen con esta medida, es decir, asegurar los intereses en conflicto y evitar perjuicios a terceros afectados.

En un auto de 19 páginas, Del Olmo establece un "control financiero posterior" por parte del interventor judicial, Luis Romassanta, quien deberá revisar cada mes "la totalidad de las operaciones, actos, decisiones, acuerdos o procedimientos de los administradores de las entidaes intervenidas y/o de los órganos de decisión de éstas".

No obstante, Del Olmo mantiene la intervención judicial para determinados aspectos relacionados con la gestión del Atlético de Madrid. Así, sostiene que los responsables del club rojiblanco necesitarán el permiso previo de Romassanta para llevar a cabo operaciones que conllevengastos superiores a los 100 millones de pesetas, "aunque las mismas se dividan en importes o sumas inferiores, siempre que el conjunto de las mismas iguales o supere la aendicha suma y responda a una misma operación".

Romassanta deberá autorizar también todas aquellas operaciones "que se adopten con personas, físicas o jurídicas, o entidades radicadas en el extranjeros o que impliquen la salida o transferencia de fondos al extranjero, cualquiera que sea su importe".

El juez también quiere que Romassanta vigile todas las operaciones que afecten a la sociedad Van Doorn International Sport Management B.V. o que estén relacionadas con otras empresas controladas por calquiera de los tres imputados, el presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, su hijo Miguel Angel y el vicepresidente de la entidad, Enrique Cerezo, o por sus familiares.

Concretamente, Del Olmo mantiene la intervención judicial de todas las operaciones relacionadas con "sociedades o entidades en la que cualquiera de los imputados en este caso, Jesús Gil, su hijo Miguel Angel y Enrique Cerezo, o sus familiares, sean accionistas, partícipes, socios, administradores de hecho o de derecho, representates o apoderados, autorizados en cuentas, u ostenten cualquier grado de responsabilidad o decisión".

Romassanta deberá controlar también cualquier operación "que implique una modificación o alteración del régimen jurídico de las entidades intervenidas o de la composición de su accionariado o participación".

ALIVIAR LA PRESION

Para el magistrado, "este conjunto combinado de medidas cautelares alivia la presión ejercida por la intervención judicial, lo que facilita el normal desenvolvimiento de ls entidades; equilibra los intereses en conflicto, dado que permite un mayor grado de autonomía en el ejercicio de la actividad, y, al mismo tiempo, no excluye el efectivo control en un tiempo mínimo, un mes, sobre las operaciones realizadas" en el club rojiblanco.

El responsable del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha tomado esta decisión en contra de la opinión del fiscal Anticorrupción encargado del caso, Carlos Castresana, quien se oponía tanto a levantar la interveción judicial del Atlético de Madrid como a atenuar dicho control.

Para Castresana, había que mantener la intervención judicial tal y como se decretó en abril del año pasado, dado que "se trata de una entidad con un volumen de negocios de miles de millones de pesetas anuales, [...], que recibe cada año multimillonarias asignaciones económicas del Estado [...] y que está administrado por imputados en prisión provisional eludida mediante prestación de fianza, quienes, indiciariamente no son los propietaios".

Además, se oponía al "control financiero posterior" que también proponía Romassanta, por considerar que tendría que realizarse con la información financiera que facilitasen los implicados en este caso. "Precisamente están imputados por haber falseado sistemáticamente las cuentas del club desde 1992", recuerda.

La intervención judicial atenuada hoy fue decretada el 11 de abril del año pasado, cuando se revocó la administración judicial ordenada el 21 de diciembre de 1999 por el entonces tituar del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón.

EL COMIENZO

Este caso comenzó el 27 de julio de 1999, cuando el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, decidió admitir a trámite la querella que la Fiscalía Anticorrupción presentó tres días antes contra Jesús Gil y otras seis personas más por un presunto fraude que Castresana cifró entonces en 9.427 millones de pesetas.

El paado mes de abril, juez ya dictó un auto por el que daba por concluida la investigación del caso, al considerar que hay indicios para proceder contra Jesús Gil, su hijo Miguel Angel y el vicepresidente del Club Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, por presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, delitos societarios y otorgamiento de contratos simulados,

Entonces, ordenó el sobreseimiento de las actuaciones decretadas contra el resto de los imputados, ocho personas más, ente quienes se encuentran la mujer de Jesús Gil, María de los Angeles Marín, su hijo Jesús Gil, y el ex abogado del también alcalde de Marbella, José Luis Sierra Sánchez.

No obstante, dejó abierta la investigación relativa al destino de 11.000 millones de pesetas transferidos desde las arcas del Club Atlético de Madrid S.A.D. a cuentas de sociedades domiciliadas en Holanda.

Para el fiscal del caso, Carlos Castresana, este desvío de dinero podría ser constitutivo de apropiación indebida, administracón desleal y falsedad en la contabilidad.