Por esta razón, según las mismas fuentes, el juez ha ordenado al administrador judicial del Atlético de Madrid, Luis Manuel Rubí, que le presente una serie de facturas firmadas por un total de 23 empresas y que justifican pagos realizados por el club rojiblanco por unas obras supuestamente realizadas en propiedades de Gil.

Los peritos designados por el juez García-Castellón, hay ya dos facturas por un importe aproximado de tres millones de pesetas procedentes del Atlético de Madrid, dnero que presuntamente se destinó a un par de obras que Gil realizó en su finca Rancho Valdeolivas (Avila) y en un chalé que posee en la urbanización de Los Angeles de San Rafael (Segovia).

RECURSO CONTRA LA INTERVENCION JUDICIAL

Por otra parte, mañana se celebrará la vista para estudiar el recurso presentado por las defensas en contra del auto por el que, el pasado 21 de diciembre, el juez García-Castellón decretó la intervención, secuestro y embargo de las acciones del Club Atlético de Madrid Socidad Anónima Deportiva (S.A.D) y que representan el 94,5% del capital social de la entidad, cuya titularidad pertenece a Jesús Gil y Gil y a Enrique Cerezo.

En el auto, el juez ordenó la intervención y administración judicial del Atlético de Madrid, que pasó a ser gestionado por el inspector de finanzas del Estado Luis Manuel Rubí Blanc, quien deberá presentar su informe sobre la gestión del club rojiblanco el próximo 31 de marzo.

El juez ha ordenó también la intervención y bloqueo de todas las cuntas y saldos tanto en metálico como bancarios del Atlético de Madrid S.A.D. y de Promociones Futbolísticas S.A.D, así como las cajas de seguridad.

DECLARA EL JUGADOR BRASILEÑO

Por otra parte, el juez ha citado para el próximo 29 de marzo al brasileño Maximiliano de Oliveira, uno de los cuatro extranjeros que supuestamente fueron fichados por el Atlético de Madrid como jugadores de fútbol profesionales, cuando en realidad no lo eran.

Según García-Castellón, siguiendo la tesis del fiscal Anticorupción encargado del caso, Carlos Castresana, en enero de 1998 Jesús Gil debía al Atlético de Madrid 2.700 millones de pesetas y para saldar la deuda, él y su hijo otorgaron cuatro contratos por los que Promociones Futbolísticas (Gil padre) cedía al club (Miguel Angel Gil) los derechos económicos y de imagen de los cuatro jugadores.

Se trata de Limamou Mbengue, Bernardo Matías Djana, Maximiliano de Oliveira y Abass Muyiwa Lawal. De éstos, sólo el último podría responder a la categoría de jugador profeional, dado que fue incorporado como suplente al Atlético de Madrid B en 1998, donde permaneció en la temporada 98-99.

Los demás supuestos jugadores eran en realidad, según sostiene el auto de García-Castellón, un senegalés en paro (Limamou Mbengue), un angoleño que había pedido asilo y refugio en España (Bernardo Matías Djana) y un joven brasileño (Maximiliano de Oliveira).

Todos ellos fueron valorados por el Atlético de Madrid en 2.700 millones de pesetas más IVA, cuando en realidad pagó 290 milones por Limamou Mbengue, 350 millones por Bernardo Matías Djana, 1.100 por Maximiliano de Oliveira y 1.000 por Abass Muyiwa Lawal.

FRAUDE DE 9.427 MILLONES

García-Castellón instruye el proceso iniciado con la querella presentada el pasado 27 de julio por la Fiscalía Anticorrupción contra Jesús Gil y otras seis personas más, a quienes acusa de haber cometido un presunto fraude de 9.427 millones de pesetas.

El juez instructor del "caso Atlético" imputa a Jesús Gil, a su hijo Miguel Angel y al e vicepresidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo, entre otros, los delitos continuados de estafa, apropiación indebida, otorgamiento de contratos simulados, falsedad en documento público y mercantil, y otros delitos societarios.