El juez había ordenado el secreto sumarial del caso a petición del fiscal Anticorrupción adscrito a la causa, Carlos Castresana, quien había solicitado esta medida con el fin de investigar 1.000 facturas emitidas a nombre del Atlético de Madrid por unas 23.000 empresas, tanto mayoristas como minoristas, dedicadas al sector de la construcción.

Siempre según las mismas fuentes, las empresas que emitieron las facturas están ubicadas en distintas partes del país y algunosde los resguardos tienen un importe de entre 7 y 8 millones de pesetas, aunque la cantidad total de podría elevarse a varias decenas de millones.

Ahora, el juez instructor de la causa a ordenado a un perito que elabore un informe sobre estas 1.000 facturas, con fechas que oscilan entre 1995 y el 2000.

El fiscal Anticorrupción del caso, Carlos Castresana, quien el viernes solicitó al juez el levantamiento del secreto sumarial, sospecha que ese dinero del Atlético de Madrid que figura en las facturs se utilizó para "fines particulares", como puede ser el Rancho Valdeolivas que la familia Gil tiene en Avila, o un piso de Miguel Angel Gil Marín que, al parecer, está a nombre del club rojiblanco, según las mismas fuentes.

El juez instructor del "caso Atlético" imputa a Jesús Gil, a su hijo Miguel Angel y al ex vicepresidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo, entre otros, los delitos continuados de estafa, apropiación indebida, otorgamiento de contratos simulados, falsedad en documento públicoy mercantil y otros delitos societarios.

García-Castellón instruye el proceso iniciado con la querella presentada el pasado 27 de julio por la Fiscalía Anticorrupción contra Jesús Gil y otras seis personas más, a quienes acusa de haber cometido un presunto fraude de 9.427 millones de pesetas.