Así consta en un extenso informe sobre la viabilidad del club que Romassanta ha presentado al juez instructor del "Caso Atlético", Juan del Olmo, quien próximamente, a la vist de las alegaciones en favor y en contra de las partes personadas, decidirá si mantiene la intervención judicial decretada sobre la entidad deportiva.

"La sociedad anónima deportiva Club Atlético de Madrid es viable actualmente en el orden económico, financiero y patrimonial, y cuenta con un activo social y una imagen de marca, ésta con casi un siglo de existencia, ciertamente envidiables dentro del sector de actividades deportivas en que se mueve", dice el interventor.

Tras señalar que de los daos económicos, financieros y patrimoniales del club se deduce que éste "se encuentra situado dentro de unos niveles estándares de normalidad, en términos comparativos, con el resto de sociedades anónimas deportivas y clubes de fútbol", Romassanta añade, no obstante, que la tesorería de la entidad rojiblanca "debe ser objeto de especial atención, seguimiento e inquietud" con el fin de garantizar su continuidad.

Romassanta considera que debería levantarse la intervención judicial del Atlético de Madrid,dado que esta medida impide que pueda llevar a cabo una ampliación de capital que mejoraría su liquidez.

Además, destaca que hay dos razones que dificultan que el Club Atlético de Madrid pueda recurrir a la financiación de las entidades de crédito. Por un lado, la falta de bienes materiales suficientes para garantizar el pago de los préstamos solicitados y, por otro, la intervención judicial decretada sobre la entidad deportiva.

Según el interventor, la actual situación judicial en la que se encuntra inmerso el club rojiblanco "no favorece el aumento de la confianza de las entidades bancarias en la recuperación de su inversión".

Así, Romassanta sostiene que "mientras que permanezcan las medidas judiciales que, con carácter cautelar, se han adoptado (secuestro y embargo de la acciones, bloqueo de las cuentas e intervención judicial del Atlético de Madrid) parece difícil que un grupo inversor decida apoyar financieramente al club".

A su juicio, debido a la intervención judicial, el club "atúa en desventaja dentro del sector y ha visto penalizado su funcionamiento en los órdenes mercantil y comercial, en el tráfico operacional y en la confianza de las instituciones de crédito".

Además, hace hincapié en el "importante esfuerzo para reducir gastos y deudas" que el Atlético de Madrid ha realizado en el ejercicio 2000-2001, pasando de un presupuesto de 18.357 pesetas a otro de 12.000 millones de pesetas. Asimismo, señala que el pasivo del club se ha reducido de los 30.961 millones de peseta que tenía en junio del año pasado a los 19.378 millones de pesetas con los que cuenta actualmente.

"Este importante esfuerzo de contención del gasto y eliminación de deudas por partel del club, debe complementarse con una mejora en la gestión de la política de fichajes y una adecuada planificación de la cantera", agrega Romassanta, quien, explica que "si los beneficios obtenidos en la venta de jugadores se destinan en su totalidad a adquirir sustitutos de los vendidos, no se alcanzarán los objetivos resupuestarios de equilibrio perseguidos y necesarios".

RUBI Y ROMASSANTA

La intervención judicial que, según Romassanta, debe ser levantada, fue decretada el 11 de abril del año pasado, cuando se revocó la administración judicial ordenada el 21 de diciembre de 1999 por el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón.

Entonces, García-Catellón destituyó a los responsables del Atlético de Madrid, embargó y secuestró el 94,5% de su acciones del club y bloqueó las cuentas de la entidad deportiva, de modo que todos sus bienes pasaron a ser administrados por Luis Manuel Rubí Blanc.

Cuando el juez consideró que Rubí había terminado su trabajo, devolvió el club a Gil y restituyó al Consejo de Administración, aunque con un interventor judicial, Romassanta, con la misión de controlar todas las materias contables y financieras del club rojiblanco y velar por el buen uso de sus cuentas.

Desde su aterrizaje en el Atlético de Madrid,Romassanta ha sido el encargado, entre otras cosas, de aprobar todos los gastos de los administradores del club. Es decir, los Gil no han podido utilizar una peseta de los fondos propios de la entidad deportiva sin que él lo autorizase.

Este caso comenzó el 27 de julio de 1999, cuando el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Cstellón, decidió admitir a trámite la querella que la Fiscalía Anticorrupción presentó tres días antes contra JesúsGil y otras seis personas más por un presunto fraude que Castresana cifró entonces en 9.427 millones de pesetas.

El juez ha dictado un auto por el que concluye la investigación del caso, concluye que hay indicios para proceder contra Jesús Gil, su hijo Miguel Angel y el vicepresidente del Club Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, por presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, delitos societarios y otorgamiento de contratos simulados,

Además, ha ordenado el sobreseiiento de las actuaciones decretadas contra el resto de los imputados, ocho personas más, entre quienes es encuentran la mujer de Jesús Gil, María de los Angeles Marín, su hijo Jesús Gil, y el ex abogado del también alcalde de Marbella, José Luis Sierra Sánchez.