El fiscal y el instructor del caso mantienen que el Atlético de Madrid debió descender a Segunda Divisió en junio de 1992 por no desembolsar el capital social necesario para transformarse en Sociedad Anómima Deportiva.

Los magistrados argumentan que los equipos perjudicados son sólo aquellos que tuvieron que descender de categoría ese año o verse privados de disputar competiciones internacionales al no bajar de categoría el Atlético de Madrid.

El Burgos no resultó afectado esa temporada, por lo que el auto señala que "el extender la cualidad de perjudicado en los mismos casos a las temporadas siguintes resulta una extensión generalizadora y simplista del problema".

Con esta decisión, contra la que no cabe recurso alguno, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional admite el recurso de queja presentado por Jesús Gil y su hijo Miguel Angel Gil Marín contra la personación del Burgos como perjudicado.

El juez instructor del "caso Atlético" imputa a Jesús Gil, a su hijo Miguel Angel y al ex vicepresidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo, entre otros, los delitos coninuados de estafa, apropiación indebida, otorgamiento de contratos simulados, falsedad en documento público y mercantil y otros delitos societarios.

El magistrado Juan del Olmo, en sustitución de Manuel García-Castellón, en situación de servicios especiales, instruye el proceso iniciado con la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra Jesús Gil y otras seis personas más, a quienes acusa de haber cometido un presunto fraude de 9.427 millones de pesetas.