De acuerdo con el relato de los hechos de la corpración marbellí, la familia Arias Salgado era propietaria de la mitad proindivisa de una finca de 400.000 metros cuadrados, conocida como "Puerto Rico", a la que el Plan General del 1986 aprobado por el anterior equipo de gobierno municipal, del PSOE, asignó un aprovechamiento de 66.000 metros cuadrados de edificabilidad.

Ese aprovechamiento, según la nota, "representaba casi el 40% del aprovechamiento total al que tenía derecho el Ayuntamiento de Marbella en todo el Plan General", y las autoridades lcales no consiguieron obtenerlo, ya que la comopensación habría ascendido a más de 1.500 millones de pesetas de entonces.

Posteriormente, la corporación presidida por Jesús Gil firmó un acuerdo por el que se pagaba a los propietarios el metro cuadrado como rústico, a un precio de 1.200 pesetas, "por lo que la familia Arias Salgado resultó claramente perjudicada", añade la nota.

El acuerdo se aplicó de manera que, en lugar de pagar en efectivo la parte que correspondía a la familia Arias Salgado, e les entregó como compensación tres parcelas para construir 6.200 metros cuadrados, en lugar de 33.000 que, según el Plan General de 1986, les correspondían.

"Sin entrar en motivaciones de otro tipo", concluye el comunicado, "no entendemos en qué consiste en el problema, ya que el objetivo claro era conseguir el Parque Puerto Rico para el Pueblo de Marbella, y sin tener que pagar lo inicialmente pactado en el convenio del año 1990".