La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudió hoy los recursos presentados contra el auto por el que, el pasado 21 de diciembre, el juez García-Castellón dcretó la administración judicial del Atlético de Madrid, así como el embargo de las acciones del club rojiblanco, entre otras medidas.

Tras recordar que la administración judicial sirve para proteger los derechos de las víctimas de una irregular gestión empresarial, las acusaciones argumentaron que el Tribunal Constitucional ha avalado la legalidad de la administración judicial.

Por su parte, la defensa de Gil trató de desmontar los argumentos empleados por el juez García-Castellón, con el apoyo el fiscal del caso, Carlos Castresana, para decretar la administración judicial del Atlético de Madrid, medida que, a su juicio, debe ser anulada.

En este sentido, según fuentes jurídicas, la defensa de Gil señaló que la administración judicial decretada por García-Castellón viola tanto el Código Penal como la Ley de Enjuiciamiento Civil. A su juicio, el juez debió fijar unas fianzas y embargar los bienes de los imputados en caso de no pagarlas, procedimiento que no se ha seguido.

Para la defensa el juez aplicó el Real Decreto Ley dictado el 20 de octubre de 1969 para la Administración Judicial en el Caso de Embargo de Empresas, una norma que, a su juicio, no está en vigor. Además, insistió en que el actual ordenamiento jurídico establece otras vías para el embargo de empresas.

Además, la defensa pidió a los magistrados que tengan en cuenta el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 8 de enero, en el que se publicó la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, una de cuyas disposiciones transitoras deroga decretos como el del "caso Matesa", utilizado por García-Castellón para ordenar la administración judicial del club rojiblanco.

ANULAR LA ADMIINSTRACION JUDICIAL

En su opinión, aunque la Ley de Enjuiciamiento Civil publicada en el BOE no entra en vigor hasta el 2001, lo cierto es que la normativa empleada por García-Castellón para intervenir el Atlético de Madrid queda derogada, por lo que la administración judicial del club rojiblanco debe ser anulada.

Para la defensa, la administracón judicial no puede decretarse con carácter cautelar, sino cuando hay una sentencia firme, con el fin de salvaguardar los derechos de los accionistas y evitar que los culpables reincidan en los delitos. Además, argumentó que este tipo de medidas no está prevista para casos sobre estafa y apropiación indebida.

García-Castellón instruye el proceso iniciado con la querella presentada el pasado 27 de julio por la Fiscalía Anticorrupción contra Jesús Gil y otras seis personas más, a quienes acusa de habercometido un presunto fraude de 9.427 millones de pesetas.

El juez instructor del "caso Atlético" imputa a Jesús Gil, a su hijo Miguel Angel y al ex vicepresidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo, entre otros, los delitos continuados de estafa, apropiación indebida, otorgamiento de contratos simulados, falsedad en documento público y mercantil, y otros delitos societarios.