“Si yo fuera la ministra de Hacienda estaría realmente preocupada, porque su compañera de gabinete se está empeñando en modificarle la normativa del impuesto sobre la renta. Recuerden cuando establecieron, en la aprobación del IMV, la obligación de presentar la declaración a todos los miembros de la unidad de convivencia, aun cuando por sus condiciones personales no tuvieran que hacerlo”, afirmó Fernando Jesús Santiago Ollero. “O el establecimiento de la obligación de declarar de quién esté dado de alta en el RETA, incluso en el caso de autónomos colaboradores”, añadió

“Y esta no es la única pifia en alguna de las normas recientemente creadas. No hay más que recordar que una disposición final de la Ley de Paridad modifica el Estatuto de los Trabajadores y elimina la protección ante los despidos para quienes se acojan al permiso de 5 días o soliciten una adaptación de jornada. Y la pifia se completa señalando que no se va a despedir a nadie por esta razón. ¿Pero es que van a impedir a los jueces cumplir y hacer cumplir la normativa?”, continuó

Dijo que la obligación de declarar a los perceptores de una prestación por desempleo puede impedirles practicar el mínimo por descendientes, ascendientes o discapacidad de éstos siempre que declaren más de 1.800 euros al año. Afectará, también, al cruce anual para los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV), con lo que se incrementarán las devoluciones de percepciones por IMV y las reclamaciones previas ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Los Gestores Administrativos indican que, al tratarse las prestaciones de percepciones con bajas retenciones, en determinados casos podrían originar declaraciones de renta a ingresar que, hasta la fecha, por no existir obligación de declarar, no implicaban ninguna cuota a pagar por IRPF.

Asimismo, y al estar obligados a declarar por percibir desempleo, sostienen que se someterán a tributación otras fuentes de renta que, hasta la fecha, no se declaraban en los supuestos en los que las percepciones por desempleo no superaban los 22.000 euros -un solo pagador- o los 15.876 euros -dos pagadores-. “¿Estamos seguros de que si saliera a ingresar y se presenta fuera de plazo o se practica una liquidación por la Administración no se va a sancionar?", preguntó el presidente de los Gestores Administrativos.

“Hay que decirles a las ministras que no nos mientan más, y es que lo hacen cuando afirman que no se van a imponer sanciones a quienes no declaren. El problema es que ha vuelto a faltar diálogo entre departamentos del Gobierno, y el que siempre sale perdiendo es el mismo: el ciudadano. Esa es la única y auténtica verdad”, señaló Fernando Santiago.

Para finalizar, el presidente de los Gestores Administrativos manifestó que “el turno de renta que lleva a cabo el Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid, que ayuda con su declaración de la renta a personas en situación vulnerable, va a tener que ser ampliado una vez que entre en vigor esta normativa”.